El Ministerio de Trabajo de la Provincia intervendrá en los casos de maltratos denunciados por empleadas domésticas.

La medida la dispuso el titular de la cartera, Adrián Brito, durante la reunión mantenida ayer con Nélida Sosa, secretaria general del Sinpecaf, gremio que nuclea a las trabajadoras de casas particulares de Córdoba.

Sosa informó que el ministerio dispondrá de un cuerpo de inspectores que se abocarán a inspecciones domiciliarias para corroborar las condiciones laborales de las personas que realizan trabajo doméstico.

Para ello no ingresarán a las viviendas, pero exigirán a los empleadores el rendimiento de toda la documentación que acredite el ingreso de esa trabajadora al sistema formal laboral.

Por su parte, Adrián Brito, ministro de Trabajo de la Provincia, señaló que con éstos se pretende “generar un instrumento para generar la registración laboral y dar combate al trabajo en negro”.

“La propuesta del gremio es que se haga un seguimiento sobre los ingresos y egresos del personal en los countries para controlar y fomentar el blanqueo”, añadió el funcionario.

Sin embargo, Brito supeditó la aplicación de estas medidas “a un plan que nos permita avanzar con este proyecto”.

Al respecto, Nélida Sosa se mostró “muy conforme con lo acordado con el Ministerio, nos dijeron que nos van a acompañar de cerca con este problema que tenemos, que vamos a contar con su apoyo”.

La medida derivó de la ola de denuncias que el gremio recibe a diario por casos de maltratos físico y verbales a los que son sometidas las trabajadoras de casas particulares.

“Vamos a inspeccionar no sólo las casas, sino edificios, y countries, que es donde más problemas se presentan”, informó Sosa.

Comenzarán por los domicilios de los empleadores denunciados, por tratarse de situaciones extremas y de urgente resolución.

“Brito nos pidió que juntemos todos los casos que recibimos hasta el momento, que son muchos, para empezar las inspecciones por esas casas, donde hay problemas de violencia”, añadió.

La referente destacó la necesidad de ajustarse a la Ley Nacional de Trabajadoras de Casas Particulares, que les permitió “por primera vez que nos reconozcan como trabajadoras, que valoren nuestros derechos como cualquier empleado”.

La normativa, que aún espera la reglamentación, contempla una escala salarial en cinco categorías por tareas, vacaciones pagas, aguinaldo, una jornada laboral de ocho horas, ART, obra social, feriados pagos y licencias por embarazo.

“Con estas inspecciones pretendemos exigir cosas tan básicas como que nos traten como seres humanos, no por tener más poder y dinero somos de su propiedad”, señaló Sosa.