“Las herramientas están ahora las tenemos que aplicar”, manifestó el legislador nacional del FPV sobre las modificaciones.
El legislador hizo mención así a lo que sancionó la Cámara Baja ampliando las condenas, de 2 a 4 años de prisión para delitos de explotación sexual simple, mientras que la agravada establece penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.
Tras la posición de endurecer los castigos, Rivarola manifestó “con estas nuevas condenas estamos tomando medidas fuertes para combatir este tipo de delitos, es una de las tantas acciones que se realizan, y en las que la Justicia tendrá que ser estricta al momento de hacer cumplir esas condenas. Las herramientas están ahora las tenemos que aplicar”.
Sobre las modificaciones
Entre algunos de los puntos que se destacan en la modificación aprobada por casi la totalidad de los presentes, (la votación tuvo una sola abstención,) se resalta el trabajo de prevención además de agravar la condena para los delitos.
Otro punto relevante destacado por Rivarola, es el que amplía los derechos de las víctimas, que al momento de testificar las declaraciones sean asistidas por un psicólogo designado por los tribunales encargados de cada causa.
La norma también establece que el consentimiento de la víctima no eximirá de ninguna forma de la responsabilidad penal a los autores del delito.
Destacando la ley sancionada, Rivarola especificó “para seguir luchando con este problema, ya están las herramientas para incrementar las condenas a quienes exploten mujeres o las obliguen a la prostitución, pero no nos tenemos que olvidar de las víctimas, también hay que asistirlas, por eso es positivo lo que se determinó en cuanto a los derechos de las víctimas. Jujuy, y más precisamente la ciudad de la Quiaca fue noticia en el país por supuestos casos de trata”.
“Por la gravedad de los hechos tenemos que ser muy precavidos al opinar de estos temas, las especulaciones muchas veces complican la situación, y a veces se trata de casos de fuga del hogar. De todas maneras esos son avisos que tienen que ser atendidos. Tenemos que reforzar el control sobre los menores que cruzaron provincias y hasta la frontera. Las menores de La Quiaca no se tratarían de casos de trata de personas, pero igual todo es un llamado de atención”", finalizó Rivarola en cuanto a su análisis.
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