Un panorama actualizado acerca del estado de los trámites del reclamo por el Programa de Propiedad Participada de los ex empleados de Correos fue brindado por la licenciada Silvia Flores y Jorge Casiva en su carácter de referentes de la Asociación Ex Empleados de Correos de Jujuy.
Explicaron además que este reclamo tiene antecedentes iniciados oportunamente ante la Defensoría del Pueblo de la Nación, con posterior intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, a lo que se suma varias reuniones con la Comisión de Trabajo del Senado de la Nación y con el Ministerio de Trabajo. Todo ello “sirve de sustento para sostener el ‘derecho adquirido’ y que por la actitud negligente y desganada del Estado no se llevó a cabo”, dijo la licenciada Flores.
También consideró que “la ley 26572 sancionada en diciembre 2009 fijando una importante indemnización por los ex empleados de Somisa y que aprobaron todos los diputados y senadores por Jujuy, es otro antecedente valedero y sirve para que revean la situación de los ex telepostales de Jujuy y de todo el país” ya que por “la Ley de Privatizaciones 23696 que afectó a YPF, Somisa, AHZ, Correos, Ferrocarriles, Aerolíneas, Agua y Energía, Entel y otras empresas que fueron el sustento de una ‘nueva Argentina’ que se recreó a partir del 1946, hoy esa gran masa de ex trabajadores todavía no pudieron alcanzar una parte de la ‘justicia social’”.
“Como ex trabajadores -agregó Casiva-, nos alegramos que, aunque de ‘a puchos’, se vaya reconocimiento el daño causado a esta masa de desocupados del país como sucedió con los ex YPF, ahora SOMISA” y reclamó que “lamentablemente ninguna CGT provincial ni nacional, fueron solidarias ni para respaldar los reclamos que se sostiene. Más bien miraron para otro lado mientras parte de ellos fueron los que alentaban las privatizaciones para quedarse y transformarse en actuales empresarios. ¿El resultado?, sindicalistas ricos y trabajadores pobres”, denunció.
DE LA UNIVERSIDAD
AL PLAN SOCIAL
En su amargo resumen, aseguró también Casiva que “estos trabajadores que fueron vilipendiados en sus derechos, han cortado el progreso de sus familias” ya que “se conoce muchos casos que hijos de trabajadores ‘privatizados’ debieron truncar sus estudios técnicos secundarios, carreras universitarias y futuro de felicidad para pasar a integrar alguna organización social”, cuadro que rechazó de plano y no dudó en señalar que “la actual clase política sabe de estas cuestiones”.
No obstante ese aciago panorama, el referente de los ex trabajadores telepostales pronosticó que “seguramente en estos cercanos tiempos eleccionarios vendrán las propuestas”, que anheló “ojalá sean deseos de solucionar todos los problemas de aquellos trabajadores de la provincia, como los ex Zapla, ferroviarios, Gas del Estado, Agua y Energía, Banco Provincia, Correos, Telecom, que sumados son un número importante y que sus decisiones en el momento electoral pueden llegar a pesar, porque en la memoria de cada uno -subrayó- está latente que legisladores levantaron las manos para asestarles el más duro de los golpes, en lo nacional y provincial”.
De la misma manera apuntó que en su sector “sostenemos la esperanza de que en este 2011 se apruebe el proyecto de Ley de Indemnización para todos los ex trabajadores de las privatizadas, según expediente 4107-D-2010, presentado por la diputada nacional Elisa Beatriz Carca y otros”, punto en el que destacó que la mencionada “es legisladora bonaerense, autora de la ley para los ex (trabajadoras de) Somisa que ya empezaron a percibir la indemnización a comienzo del mes de marzo 2011”, completó.
Elevarán monto de compra
de la Tarjeta Alimentaria
El secretario de Acción Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia, Diego Orellana, se trasladó hasta la ciudad de La Quiaca para realizar la entrega de Tarjetas Alimentarias a numerosos beneficiarios de la zona, como también insumos y equipamientos en el marco del programa “Familias emprendedoras”. En ese marco anunció que a dicha tarjeta social se le aumentará la capacidad de compra.
Fuentes oficiales destacaron que por efecto de la “tarjetización”, los beneficiarios que antes recibían bolsones alimentarios ahora “podrán optar por los alimentos y otros elementos que precisen en sus domicilios adquiriéndolos en determinados negocios adheridos al sistema. Además, dispondrán de un valor monetario superior al que contenía el bolsón en cuanto a mercadería de una determinada marca”, se indicó.
En ese sentido, Orellana anunció que próximamente el valor de la tarjeta se incrementará a 100 pesos, lo que permitirá acceder a una mayor cantidad de productos “con los cuales poder alimentar a los miembros de sus familias”. El funcionario requirió información acerca de los trámites iniciados por nuevos postulantes para acceder a la tarjeta y respondió consultas de los interesados.
El acto tuvo lugar en la sede de la Fundación Auzza, cuya fundadora es Sandra Quispe de Auzza -actual presidente del Concejo Deliberante de la ciudad fronteriza- quien destacó “la función que viene cumpliendo el Ministerio de Desarrollo Social con respecto a este tema brindando oportunidades concretas a los más necesitados”, a la vez que confirmó que su organización seguirá “trabajando en forma coordinada para acercar a la comunidad las respuestas a sus necesidades mediante gestiones ante el Gobierno provincial”, comprometió.
En este contexto recordó otras acciones cumplidas con el Ministerio de Desarrollo Social de la Provincia “que tendieron a satisfacer a las familias más humildes” como también se refirió a las tareas de la fundación orientadas a “la contención de los niños, la atención de las familias en distintos aspectos y la ayuda a otras instituciones que trabajan incansablemente por el bienestar social”, finalizó Quispe.
Obras en Yala fueron realizadas por la comuna
Las cuatro obras realizadas en la localidad de San Pablo de Yala dentro del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, y cuya entrega se produjo la semana pasada, “fueron ejecutadas por el Municipio de Yala y no por el Instituto de Vivienda y Urbanismo de Jujuy”, se informó desde la Oficina de Prensa de esa comuna.
Según se indicó, “dichas obras tienen su origen a partir de convenios celebrados entre los municipios y el IVUJ en donde este organismo provincial transfiere los fondos previstos al municipio y es éste el que ejecuta o construye las obras, es decir contrata el personal, adquieres los materiales, prepara las carpetas técnicas, rinde cuentas de los fondos invertidos, etcétera”.
La secretaria de Gobierno del Municipio de Yala, Mariela Rios, consideró “necesario aclarar a la opinión pública cómo se ejecutan los convenios del Programa Mejor Vivir, por lo menos en lo que concierne a Yala, no con la intención de abrir una discusión sino sólo para dar a conocer a nuestros vecinos cuál es la competencia y responsabilidad de cada organismo que interviene en la obra, en donde el Instituto nos transfiere los fondos y nosotros desde el municipio asumimos la responsabilidad de invertir los mismos y culminar los trabajos en condiciones, tal como ocurrió con los quince mejoramientos habitacionales que ya se ejecutó por el municipio con fondos del IVUJ”.
La funcionaria concedió que la información distribuida por el organismo provincial “se debe haber tratado de un error involuntario” y sostuvo que “existe una muy buena relación con el titular de IVUJ, Facundo Figueroa Caballero, a quien le agradecemos por el trabajo conjunto, y también le hemos solicitado un mayor flujo de fondos para seguir realizando obras en pos de la comunidad”, completó Ríos.

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