Desde horas de la mañana, ayer se vivió una tensa jornada en esta ciudad por la actitud asumida por los trabajadores del ingenio La Esperanza que, presa de la incertidumbre y viendo que su fuente de trabajo día a día se desmorona, manifestaron frente al Juzgado Nº 9. La masa trabajadora arribó alrededor de las 8 a dicha dependencia Judicial -entre calles Sarmiento y Rogelio Leach-, decidida a dialogar con la jueza que intervino en el proceso de quiebra, Cristina Lakatos y al no recibir respuesta positiva, decidieron permanecer en el lugar.

Pasadas las 9.30, los dirigentes gremiales salieron del Juzgado junto al abogado asesor, Enrique Wesneider, quien leyó a los trabajadores "un decreto que salió hace unos días, que dice: ‘según resulta del expediente la necesidad de recursos líquidos a los fines de continuar con la explotación de la empresa en marcha en tanto, acto de administración conferida, indícase a la Sindicatura procurar los medios con la premura según las circunstancias ameriten y ponderar la administración del negocio jurídico necesario, debiendo informar al Juzgado sobre las gestiones realizadas y el resultado de las mismas’".

"Esto significa -explicó- que el Juzgado indicó a la Sindicatura que procure los medios necesarios para financiamiento y luego informe al Juzgado. De esto nos tenemos que cuidar, compañeros, que no venga después nadie y nos saque cualquier cosa por la ventana".

Después de esto, los líderes gremiales y el letrado anunciaron que presentarían inmediatamente en el Juzgado un ejemplar actualizado del Estatuto del Sindicato, requerido por Lakatos y debidamente certificado por Escibanía (en este caso la notaria Olga Olivia Otero) "para ahorrar tiempo". También mocionaron que se nombrara "cuanto antes al veedor obrero".

Alrededor de las 11 los trabajadores presentaron el Estatuto, pero al informar que se había designado a un veedor obrero (nominación que recayó en Orlando Rosendo Iglesias), se congeló todo tipo de conversación.

Con el correr de las horas, más personal policial se había apostado en las inmediaciones del Juzgado y a mediodía parecía inminente el operativo para dispersar a la masa trabajadora, pero tras diálogo con el oficial al mando, una columna de uniformados se replegó y los obreros siguieron manifestando.

Pasadas las 16.30, arribaron al Juzgado el fiscal de Estado, Alberto Matuk, acompañado por el diputado Daniel Almirón, presidente de la Comisión de Asuntos Institucionales de la Legislatura de Jujuy, reuniéndose con la magistrada, logrando se aceptara al veedor obrero, con lo que en parte se destrabaría la situación, pero las medidas de fuerzas seguirían hasta tanto se logre los fondos para hacer frente a la zafra 2010 de la planta fabril azucarera y se garantice la fuente de trabajo de 2.200 trabajadores.