El Colegio de Abogados se mostró preocupado por la demora en el trámite de los expedientes, pidió que se garantice el servicio de justicia y advirtió que los letrados están "limitados" para trabajar.
La decisión de los trabajadores, que reclaman un aumento salarial, fue tomada ayer por mayoría en el marco de una asamblea. "Hay tregua hasta el lunes. El resultado de la reunión determinará si seguimos con el plan de lucha o no", dijo a LA CAPITAL el secretario adjunto de la AJB a nivel local, Osvaldo Rozas.
En los últimos dos meses los judiciales bonaerenses realizaron medidas de fuerza por aumento de sueldos -el reclamo inicial fue de 35 por ciento- y el sistema de porcentualidad para acompañar la evolución del salario de los jueces. El plan de lucha contempló paros, asambleas, trabajo a reglamento y manifestaciones.
El conflicto se desató después de que los trabajadores rechazaran por insuficiente y por no alcanzar a toda la plantilla un aumento del 26% que ofreció el Gobierno para las primeras cinco categorías y del 21% para las restantes. Además, los judiciales reclamaron que no se descontaran los días de paro -como dispuso la Corte-, avanzar con una ley paritaria, consensuar el régimen disciplinario de ascensos y calificaciones y acordar un convenio colectivo de trabajo.
A pesar de la tregua sellada hasta el lunes, el Colegio de Abogados se mostró preocupado por el impacto del conflicto y salió a reclamar "enérgicamente" que se garantice el servicio de justicia a través de la intervención de los funcionarios que integran el Poder Judicial. "Son ellos quienes deben garantizar la recepción de todas las piezas judiciales", sostuvo el presidente de la comisión de administración de justicia de la institución, Federico Berté. Y explicó que las demoras, reflejadas en el trámite de los expedientes, son consecuencia directa del servicio de justicia acotado que estuvo brindando el departamento judicial a raíz de las medidas de fuerza. Frente a este escenario, dijo, los abogados se encuentran "limitados" a la hora de ejercer libremente su derecho al trabajo consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional. "Muchos colegas no pueden trabajar ni generar recursos para solventar sus gastos", expresó.
Como consecuencia del conflicto, la comisión del Colegio mantuvo ayer una reunión extraordinaria y realizó un balance de las medidas tomadas por la institución tras el paro de los judiciales. Además, los letrados evaluaron las futuras decisiones que puedan adoptar para garantizar el libre ejercicio profesional, el servicio de justicia y los derechos de los ciudadanos. "El Colegio tiene el deber de asistir y defender a sus colegiados para que puedan trabajar libremente. También queremos hacerle conocer a la comunidad las irregularidades y deficiencias que se advierten en el funcionamiento de los órganos judiciales", señaló Berté.
Cuando el conflicto tendía a profundizarse tras el fracaso de las negociaciones en el Ministerio de Trabajo, intervino la Corte provincial. Pero puso una condición para involucrarse e intentar mediar en la tensa pulseada salarial que sostienen los trabajadores y el Gobierno: que al momento de iniciar el diálogo, el lunes próximo, el gremio judicial haya dispuesto la cesación de las medidas de fuerza y se normalice la prestación del servicio de justicia. El máximo Tribunal provincial dio a conocer su convocatoria luego de una protesta que congregó a unos dos mil trabajadores frente a la Gobernación. "La Corte nos convocó y está dispuesta a tratar de mediar. Estamos de acuerdo con que se involucre, ya que hace 25 años no está presente en estos conflictos gremiales y por eso nos parece positivo que se ponga a la cabeza de lo que sucede", dijeron los sindicalistas de la AJB.
Las negociaciones entre las partes comenzaron el 10 de marzo, cuando el Poder Ejecutivo provincial propuso una suba del 22 % para los salarios más bajos y del 21 % para funcionarios del Poder Judicial. Pero cuatro días más tarde la AJB rechazó la propuesta y reclamó una suba del 36%. Al estancarse las negociaciones, empezó el paro.
El 26 de marzo la Corte exhortó al Poder Ejecutivo a "evitar metodologías dilatorias" y "a flexibilizar su posición" para alcanzar un acuerdo con los trabajadores. El Tribunal instó también a los sectores gremiales "que asumen posturas desmesuradas" a expresar su disenso en forma pacífica y respetuosa, "evitando adoptar actitudes violentas". Un día después el Gobierno mejoró la oferta para las categorías inferiores: propuso una suba del 26 % sólo hasta la categoría 14 a pagar en dos veces. La Asociación Judicial rechazó la propuesta y pidió que ese incremento se extienda a todo el escalafón, es decir, de la categoría 14 hacia arriba.
A fines de marzo, la Suprema Corte admitió "las dificultades existentes en el ámbito tribunalicio" y suspendió los plazos de los términos procesales en todo el ámbito del Poder Judicial de la provincia.
En tanto, el primero de abril la AJB endureció el plan de lucha y paralizó totalmente la justicia. A mediados de ese mes, el Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires presentó una acción de amparo "frente a los disturbios y agresiones a abogados y ciudadanos comunes, producidos durante las medidas de fuerza que paralizaron la Justicia desde fines de marzo".
El conflicto, día por día
- 10 de marzo. Empezó el conflicto: el Poder Ejecutivo provincial propuso una suba del 22% para los salarios más bajos y del 21% para funcionarios del Poder Judicial.
- 14 de marzo. Contrapropuesta: la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) rechazó la propuesta del Gobierno y reclamó una suba del 36%. No hubo acuerdo y comenzó el paro.
- 1 de abril. Se agrava el conflicto: la AJB endureció el plan de lucha y paralizó totalmente la Justicia de la provincia.
- 26 de abril. Intiman por un acuerdo: la Suprema Corte de Justicia bonaerense exhortó al Poder Ejecutivo a "evitar metodologías dilatorias" y "a flexibilizar su posición" para alcanzar un acuerdo con los trabajadores judiciales que mantienen paralizados los tribunales.
- 27 de abril. Mejoran la oferta: el Poder Ejecutivo mejoró la propuesta para las categorías inferiores. Propuso una suba del 26% sólo hasta la categoría 14.
29 de abril. Sin acuerdo: la Asociación Judicial rechazó el ofrecimiento y pidió que ese aumento se extienda a todo el escalafón, es decir, de la categoría 14 hacia arriba. Siguen las medidas de fuerza.
- 6 de mayo: los judiciales de Mar del Plata decidieron levantar las medidas de fuerza hasta el próximo lunes, día en que las partes mantendrán una reunión para tratar de llegar a un acuerdo.

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