Forman parte de la herencia de la ola privatizadora de los 90, que se gestó en la Nación pero que se infiltró en cada una de las provincias. Suman unos 1.600 trabajadores que, al momento de concesionarse los servicios públicos –como la electricidad–, recibieron 10 por ciento de las acciones de las empresas y cooperativas. A ellos se les prometió ese porcentaje en la composición accionaria pero también dividendos, es decir, un canon anual calculado en base a las ganancias de las compañías.

Como supuestamente ninguna de ellas reportó utilidades en los 12 años en que el servicio funciona de manera privatizada, no recibieron ese canon anual, por lo que ahora decidieron ir a la Justicia para reclamarlo. Incluso, un ex empleado reclama en la Fiscalía de Estado un resarcimiento de 500 mil pesos por daños y perjuicios, porque el Gobierno avaló tal situación. La presentación judicial está en la Fiscalía de Delitos Especiales, en manos de Claudia Ríos, quien confirmó a este diario que tiene todo listo para dictaminar en breve. Mientras, la Fiscalía de Estado ya rechazó el requerimiento, argumentando que "no existe ningún elemento que haga suponer responsabilidad de parte del Estado".

LA HISTORIA. La maraña legal de denuncias y leyes comienza a tejerse allá por 1999, cuando el gobierno de Arturo Lafalla les dio a los trabajadores la oportunidad de quedarse con 10 por ciento de las acciones de las empresas del sector eléctrico, mientras que el sector privado compró 51 por ciento y el Estado el 39 por ciento restante. Según calculan en el gremio de Luz y Fuerza, sólo en Edemsa –la distribuidora que atiende 70 por ciento del mercado local– suman 800 millones de pesos, y es sobre este monto que los trabajadores reclaman las utilidades.

Urbano Otero, secretario general del sindicato, ratificó que las ganancias que un grupo de trabajadores reclama en la Justicia no se cobraron, y esto porque las tres distribuidoras señaladas –Edemsa, Edeste y Gemsa– no reportaron ganancias en sus balances. La subsecretaria de Servicios Públicos, Patricia Martínez, consideró que estos fondos deberían haberse cobrado sólo si las empresas mostraban rentabilidad, cosa que no ocurrió. Incluso, Martínez reveló que el Programa de Propiedad Participada (PPP) recibe 760 mil pesos anuales del Estado desde el 2006, a partir de un decreto firmado por Julio Cobos tras un intenso debate legislativo que tuvo en cuenta las crisis del 2001.

Según Martínez, este dinero es para que los trabajadores cobren por esas acciones que recibieron. Raúl Stassi, presidente de Edeste, aseguró desconocer el reclamo y explicó que los dividendos no se distribuyeron porque, con el congelamiento de las tarifas durante la crisis, las distribuidoras funcionaron en emergencia y no invirtieron lo que debían. En el caso de la firma que él comanda, aseguró que los dividendos se reinvirtieron en obras necesarias para sostener el servicio y que los trabajadores pueden conocer detalles de las operaciones a través de los balances.

Stassi aseguró que estas decisiones se tomaron en asambleas, en las cuales participaron los representantes de los trabajadores. Por eso, sospecha de "internas gremiales" que poco tienen que ver con el funcionamiento de las firmas. El administrador de esta empresa aseguró que esos fondos que se dan a partir de un decreto firmado por Cobos no van a parar a las empresas. Guillermo Olarte, miembro del Programa de Propiedad Participada, consideró que el reclamo ante el Estado no es legal, y para sostener esto mostró el dictamen de la Fiscalía de Estado.

En el escrito, firmado por Pedro Espetxe, director de Asuntos Judiciales, se considera: "No existe ningún elemento que haga pensar que el Estado deba hacerse cargo de los daños y perjuicios que reclaman los trabajadores". En ese organismo, la denuncia fue presentada por Raúl Roberto Morales, ex trabajador de EMSE, quien le reclama al Estado 500 mil pesos por daños y perjuicios. Desenmarañar las acusaciones cruzadas no será tarea sencilla. Lo cierto es que las empresas denunciadas –Edemsa, Edeste y Gemsa– no reportaron ganancias en sus balances, según los propios síndicos representantes de los trabajadores que participan en las asambleas anuales.

Un dato realmente llamativo: a propósito de estas, la mayor distribuidora de la provincia –Edemsa– ha decidido concretar el 6 de abril la asamblea general ordinaria de accionistas. Entre otras cosas, promete mostrar las remuneraciones de los miembros del directorio y las de los integrantes de la comisión fiscalizadora durante el 2010. Además, se elegirán directores titulares y suplentes para la Comisión Fiscalizadora y auditores externos.

La investigación

¿En qué se basa la denuncia? La presentación efectuada en Delitos Especiales es anónima y da cuenta de la deuda que aseguran no haber cobrado en concepto de ganancias. Además, habla de millonarias inversiones que Gemsa –una de las distribuidoras minoritarias– habría realizado bajo procedimientos dudosos y no siguiendo los métodos recomendados, como la licitación o el concurso de precios. La denuncia que llegó a El Sol se basa en el temor a represalias que recibirán los trabajadores en caso de ser identificados. Incluso, se apunta contra el gremio argumentando que, en caso de ser identificados, este último podrá retrasar los beneficios jubilatorios que varios podrían alcanzar en breve. Estos son algunos de los puntos sobre los que la fiscal Claudia Ríos deberá dictaminar en breve.