La posibilidad de que José Manuel de la Sota acuda en julio a la Corte Suprema de Justicia para reclamar a la Nación el pago de una deuda a la Caja de Jubilaciones de la Provincia sirve más al gobernador como mecanismo de presión, que su concreción real, que pondrá a la Provincia en un tortuoso camino legal, lejos de cualquier solución política.

“No es la panacea”, la describió el jefe de Gabinete, Oscar González, interpretando con eficacia el pensamiento íntimo del gobernador, conscientes ambos de que una salida negociada será siempre más conveniente que la presentación de un pleito que deberá ceder paso a los tiempos jurídicos, los que nada tienen que ver con las urgencias financieras de la Provincia.

Los mejores ejemplos vienen de las provincias de San Luis y Santa Fe, quienes desde el año 2009 esperan una definición del máximo Tribunal de Justicia del país, sin que hasta la fecha hayan obtenido ningún pronunciamiento.

Por el contrario, el procurador General de la Nación, Luis González Warcalde (suplanta a Esteban Righi hasta que sea designada la nueva titular, Alejandra Gils Carbó) recomendó a principio de mes a la Corte rechazar las demandas y el planteo de inconstitucionalidad de estas dos administraciones provinciales.

Tanto San Luis como Santa Fe pidieron que no les sea descontado el 15% de la coparticipación que el Estado nacional realiza a las provincias desde 1992, originados en un Pacto Fiscal para financiar obligaciones previsionales mientras se creaba el extinto sistema de Afjp (Administradora de Fondos de Jubilaciones y Pensiones).

El Pacto se fue prorrogando hasta 2005, año en que Santa Fe dejó de consentir las retenciones, y comenzó en 2009 un reclamo ante la Corte por 2.800 millones de pesos.

Habría señalado González Warcalde que los descuentos en la coparticipación regirán “hasta que haya un nuevo acuerdo de partes o se sanciones una nueva ley de distribución de los recursos”, y que “los estados no están sometidos a un encierro legal”, ya que sus legislaturas pueden dictar una norma para rescindir el compromiso del Pacto Fiscal.

La Provincia tendría preparada una presentación en similar sentido reclamando que no les sea retenido el 15% de coparticipación, y otra más acotada y de trámite más rápido, en la que exigiría el pago de lo comprometido para la Caja el año pasado, luego de que el ex gobernador Juan Schiaretti lograra un acuerdo en la Corte para 2010 y 2011.

Está claro que ninguna de las dos variantes de denuncia tendrán el efecto de que la Provincia pueda en el corto plazo obtener ingresos frescos a sus arcas, mientras que en lo político es difícil que la Nación acepte la postura de De la Sota de que ir a la Corte se trata de la “continuación de las negociaciones por otra vía”.

Una presentación ante el máximo Tribunal acercaría al gobernador con la oposición política encarnada en el peronista disidente puntano Alberto Rodríguez Saá y el socialista santafesino Antonio Bonfatti, dirigentes ambos que no tienen nada en común con De la Sota ni con sus aspiraciones presidenciales para 2015.

Y si bien es cierto que el gobernador cordobés mantiene notables diferencias con el kirchnerismo, las responsabilidades de gestionar la Provincia indican que el camino más llano es el de la negociación, por más que éstas se demoren. También es probable que esta encrucijada sea la que haya retenido a De la Sota hasta ahora a acudir a la Corte. Al fin y al cabo, hasta 2015 faltan tres años y medio, y para diferenciarse siempre habrá tiempo.