Una de las principales banderas del actual Gobierno al comienzo de su mandato quedará arriada definitivamente a partir del salariazo para la clase política sancionado el último jueves por la Legislatura, con los votos de los oficialistas Fabio Marinello y Norma Gildstein, quien ostenta el extraño récord de haberse subido el sueldo el primer día como funcionaria.

Es que la gestión de la gobernadora Fabiana Ríos asumió en 2007 con la convicción de hacer cumplir a rajatablas el tope salarial constitucional, según el cual, ningún empleado público, de cualquiera de los tres poderes, puede ganar más que el titular del Poder Ejecutivo.

Sin embargo, tras el desaguisado legal derivado del dietazo político, comenzarán a ganar más que la gobernadora los legisladores, los funcionarios legislativos, los presidentes de entes autárquicos y hasta empleados sin ningún tipo de responsabilidad funcional.

Con ello, el tope que marca la Constitución en su artículo 73 inciso 4 pasará a ser un simple adorno teórico sin ningún tipo de aplicación práctica, tal como criticaban desde la oposición muchos de los funcionarios que actualmente están en el Gobierno.

La cadena de despropósitos que volverá inaplicable el tope puede sintetizarse en los siguientes puntos:

–La Legislatura convirtió en ley provincial el salariazo político, al establecer el sueldo de la gobernadora como siete veces el de un empleado de la categoría más baja del Parlamento. Para ello se derogó el mecanismo que fijaba el mismo sueldo como siete veces el salario de un trabajador categoría 10 de la Administración Central.

–La nueva ley también eliminó la prohibición a los funcionarios de percibir los adicionales por antigüedad y título.

–La gobernadora que había vetado el mismo proyecto en diciembre, primer avaló políticamente la insistencia del proyecto, y defendió el acompañamiento a la norma de su virtual vicegobernador, Fabio Marinello.

–Sin embargo, ante los múltiples cuestionamientos a la medida, Ríos anunció el lunes que dictará un decreto autolimitándose, y suspendiendo el aumento en el ámbito del Poder Ejecutivo, hasta que las condiciones económicas permitan absorberlo.

–Con ello, la mandataria y sus colaboradores tendrá un sueldo “legal” (con aumento) y otro “real” (sin aumento, que cobrarán todos los meses).

–No obstante, a los efectos del tope salarial constitucional, la remuneración de la gobernadora será la que definió por ley la Legislatura (con el aumento) con lo que, todos los empleados “topeados” pasarán a cobrar más que lo percibido realmente por quien ejerce la primera magistratura provincial.

–Los legisladores, funcionarios legislativos y trabajadores parlamentarios, que no estarán alcanzados por la autolimitación prometida por Ríos, ganarán también más que la gobernadora. Lo mismo ocurrirá con los presidentes y demás autoridades y empleados de los entes autárquicos.

–En el Poder Judicial, los jueces ya resolvieron hace muchos años que el tope no los atañe, y han trasladado esa prorrogativa a los fiscales, defensores, secretarios y también a los empleados judiciales.

De esta forma, la “histórica” reivindicación de los ex integrantes del ARI a favor de la aplicación del tope constitucional caerá en saco roto de manera permanente.

Aquellos días

En 2007, a poco de convertirse en flamante gobernadora provincial, Fabiana Ríos se disponía a asumir en un escenario de severas restricciones económicas, caracterizado además por reclamos salariales de toda índole.

Fue en ese contexto que los referentes del futuro gobierno comenzaron a hablar de salida de la crisis “sin ajustes ni despidos” y con más “institucionalidad”. Para ello enarbolaron la bandera del tope constitucional como una forma de encuadrar las discusiones relacionadas con los sueldos del sector público.

La discusión salarial “es anárquica, desordenada, irreal, inoportuna, sin piso y sin techo, y eso es imposible”, afirmaba Ríos durante la transición, en septiembre de 2007. Y consideraba “imprescindible discutir un marco salarial de manera conjunta con un piso y con un techo que sea el artículo de la Constitución que fija como tope salarial el haber que percibe el gobernador”.

Ya en 2008, y tras haber asumido el poder, la gobernadora dictó un decreto prohibiendo las liquidaciones salariales en el sector público que sobrepasaran sus propios ingresos, a la vez que se exhortó a los entes descentralizados y a los demás poderes a dar cumplimiento a la manda constitucional.

“Esta imposición constitucional encuentra razonabilidad en la jerarquía de las funciones, ya que es la gobernadora quien tiene la responsabilidad máxima de conducir los destinos de la provincia y por lo tanto no hay en la administración pública ningún agente que pueda tener una obligación superior”, sostenía el ministro de Gobierno, Guillermo Aramburu, en febrero de 2008. Y aseguraba que “discutir sobre cumplir o no cumplir con lo que manda la Constitución, me parece grave”.

Por su parte en mayo de este año, cuando el Poder Judicial comenzó a dictar sentencias a favor de la inaplicabilidad del tope entre los agentes estatales, el Gobierno reaccionó impugnando judicialmente esos fallos ante la Suprema Corte de Justicia.

“Se trata de un caso de índole federal por las características que ha tenido la sentencia de arbitrariedad y gravedad institucional, y por eso amerita que el superior órgano de justicia de la Nación emita un dictamen en ese sentido”, aseveró Ríos por entonces.

En medio de las idas y vueltas por el salariazo a la clase política, el tope constitucional se presenta ahora como una discusión a punto de convertirse en pura retórica, y al borde de ser atropellada por la topadora del pragmatismo y la resignación de principios.