El malestar es generalizado y el Gobierno brilla por su ausencia. Más de 1.200 familias permanecen en un terreno fiscal de casi 40 hectáreas desde el viernes. Sin agua, sin baño y sin luz durmiendo a la intemperie pero con el sueño intacto de la casa propia. Del otro lado de la vereda vecinos de San Remo, San Nicolás y Scalibrini Ortíz con miedo y preocupación por su seguridad. Mientras, un silencio que aturde desde el Poder Ejecutivo local.

A pocos metros de la exposición del Dakar, evento que mueve millones de dólares y se sabe es una de las preferencias del Gobernador, familias duermen a la intemperie y ocupan tierras desde el viernes esperando una respuesta oficial.

Esta nueva toma de terrenos dejó una vez más al desnudo, la paupérrima política habitacional del gobierno provincial. Para colmo de males ningún funcionario público se expidió sobre el tema.

De acuerdo a delegados de la toma que conversaron con El Tribuno, existe un compromiso de la Secretaría de la Gobernación que el mismo mandatario salteño o algún ministro de peso visitarían la toma para que el conflicto entre en vías de una solución pacífica.

Algunos cuentan con preescrituras de ese lugar. Otros vienen de otros barrios con el mismo documento pero sin ninguna solución hasta el momento.

Versiones cruzadas

Los rumores y versiones que sobrevuelan la toma atraviesan cualquier tipo de análisis riguroso de la realidad más que interpretar que la situación es consecuencia del incontenible déficit habitacional.

Ocupantes afirman que tomaron los terrenos a partir de la promesa de Tierra y Hábitat de que una vez que ocuparan un pedazo de tierra recibirían un número para iniciar sus trámites para escriturar.

Otros señalan promesas electorales incumplidas. La mayoría señala al actual concejal Abel Moya. “Muchos hicimos campaña por Moya con el compromiso de que este repartiría 26 terrenos y 200 puestos de trabajo. Hoy nos da la espalda”, dice una señora que ocupa una porción de tierra junto a sus hijos. El extitular de ese organismo, Diego Barreto es de los más cuestionados en la toma de 40 hectáreas. “Barreto llegó a vender hasta tres veces terrenos de acá y ahora no aparece”, dice José, uno de los delegados.

Pero el mayor miedo de los ocupantes es un eventual desalojo y represión de la policía. “Acá hay gente con bebés e hijos chiquitos y el viernes la policía nos tiró los caballos encima”, señaló Jessica, una joven con su beba en brazos.