Teodoro Algañaraz, el colono que sacó a luz la venta ilegal de lotes en Tolloche, se cansó de esperar que la Justicia resolviera si lo acepta, o no, como querellante en la causa penal que se abrió hace dos años en el juzgado de Pablo Arancibia.

Molesto por la lentitud de la Corte y la falta de acción de la Fiscalía de Estado (la única querellante admitida), el último de los campesinos que peleaban por el derecho a impulsar actuaciones y aportar pruebas, renunció.

Con un escrito que presentó ayer al alto tribunal desistió del recurso de inconstitucionalidad con el que había impugnado, un año atrás, el rechazo del juez Arancibia a aceptarlo como querellante.

“Dejo todo en manos de la justicia divina”, remarcó Algañaraz, quien acaba de ordenarse como religioso e interrumpió por unos días sus estudios de teología, en Buenos Aires, para interiorizarse sobre el estado del proceso en Salta.

Algañaraz, colono de Tolloche que en enero de 2010 recibió un trasplante de hígado, encabezó a los campesinos que en mayo de 2011 denunciaron las maniobras ilícitas que terminaron con ocho adjudicaciones revocadas ese mismo mes.

El integrante de la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios de Salta (UPPAS), creada en los años ochenta como parte del plan de colonización de Tolloche, dejó en claro que solo renunció en el proceso penal. “Seguiré con la posesión de mis tierras hasta que la titularidad del dominio vuelva a la Provincia y ésta me la otorgue como hubiese correspondido en 2007”, recalcó Algañaraz, que tiene derechos judicialmente reconocidos sobre el catastro 12449. Esa matrícula concuerda con el puesto “Ande Llora el Indio”, bautizado así por el apodo del presidente de Diputados, Manuel Santiago Godoy, ya que esa parcela es la que le desadjudicaron a su cuñado, Luis Alberto Díaz, asesor de la Cámara baja, abogado del Jury de Enjuiciamiento y apoderado del PJ. Los colonos también sindicaron como testaferros a parientes y allegados del diputado anteño Pedro Sández y el intendente de El Quebrachal, Leonardo García.

Algañaraz dijo que la demora de pronunciamiento en la Corte y la inacción de la Fiscalía de Estado fueron solo dos de las razones por las que desistió de su acciones en la causa penal. “También me impulsó esta decisión ver que los principales involucrados continúan ejerciendo posiciones de poder desde el Jury y la Comisión de Tierras Públicas de la Cámara de Diputados”, puntualizó, en referencia a las funciones ocupadas por Godoy y Sández.

Además de Algañaraz, otros seis colonos quedaron fuera de las cesiones que hizo la Provincia en noviembre de 2007, cuando parte de las 55.000 hectáreas del antiguo lote fiscal 37 fueron divididas en parcelas de 500 hectáreas para ser entregadas, a ocupantes tradicionales, a un valor simbólico de $50.000.

Ocho de esas entregas fueron revocadas por el Gobierno provincial en mayo del año pasado, luego de que se comprobaran reventas irregulares, a valores tres veces más altos, pese a expresas prohibiciones.