Todavía falta que la Comisión Bicameral que controla el Fondo Fiduciario para el Desarrollo del Plan de Infraestructura Provincial, presidido por la camporista senadora Marina Moretti apruebe parte de la inversión, pero eso se descuenta.

Con exacta apreciación de la realidad y dejando de lado rencores por el insólito cruce por Twitter con el intendente José Eseverri, el ministro Alejandro Arlía pidió ayuda al Municipio de Olavarría para que colabore con el control de cargas, ya que son los camiones que trasladan mucho más peso del permitido una de las causas del deterioro de esta y otras rutas.

Esto significa, ni más ni menos, que si los transportistas actuaran con conciencia de la necesidad de preservar las rutas, la situación de la red vial hoy no sería tan grave.

Pero de lo que no pareció haberse acordado nadie es que también es necesario un control estricto de la velocidad de los vehículos que circulan por las carreteras. Esto no es novedoso, ya que en Olavarría, especialmente en la Villa Alfredo Fortabat, hubo en los últimos años unas cuantas movilizaciones en reclamo de obras que protegieran la vida de los vecinos.

Pero nunca se reclamó que el Estado, en cualquiera de sus niveles, se preocupara por combatir la principal causa de accidentes de tránsito: la velocidad.

Años atrás uno de los vecinos movilizados se quejaba de que los vehículos pasaban frente a la Villa a más de 100 kilómetros por hora y planteaba la necesidad de que se construyeran limitadores de velocidad. Por alguna extraña razón, parecía olvidar que las normas que regulan el tránsito fijan límites de velocidad cuando se atraviesan zonas semiurbanas, urbanas cruces.