Con la votación unánime de la Cámara de Diputados se completó el trámite parlamentario de creación en el ámbito legislativo de una Comisión Bicameral de Seguimiento de la concesión de la autopista Santa Fe-Rosario que la conformarán cuatro diputados y cuatro senadores ante los cuales todos los organismos del Poder Ejecutivo deberán facilitarle la información requerida.

La Comisión de Seguimiento es el fruto de la disputa entre ambos poderes sobre uno de los principales corredores viales que tiene la provincia y la única autopista bajo jurisdicción del Estado santafesino. La mayoría justicialista de ambas cámaras sancionó en septiembre del año pasado una ley creando una Comisión Bicameral de control de la concesión, iniciativa vetada por el Poder Ejecutivo que propuso transformarla en de Seguimiento por entender que la primera figura “colisiona con principios esenciales del régimen constitucional vigente”. Con el asesoramiento del fiscal de Estado, el decreto de veto señala que “la asignación generalizada e indeterminada de competencias de naturaleza administrativa a un órgano integrado exclusivamente por legisladores y fuera de la organización administrativa provincial cuya cabeza es el Poder Ejecutivo, en el caso relacionadas al desenvolvimiento, desarrollo y control de un servicio público, aparece violentando el esquema constitucional de distribución de competencias” .

En la misma sesión y con el voto de las bancadas justicialistas, la Cámara solicitó al Poder Ejecutivo que “suspenda el aumento de tarifas del peaje” en la autopista dispuesto el 29 de abril último “hasta tanto se realice la auditoría sobre administración de la actual concesionaria”. El objetivo es que se convoque a la Comisión de Seguimiento para conocer, entre otros aspectos, la cantidad de vehículos pasantes por cabina discriminando entre livianos y pesados, recaudación mensual de la empresa desde el inicio de la concesión a la fecha; montos invertidos en obras, plan de obras futuro y si las obras a realizar serán contratadas mediante licitación o contratación directa.

Argumentos

Tras la votación, fue Mario Lacava (Santa Fe en Movimiento) quien calificó como “problema serio” el suscitado con la concesión del corredor pese a que desde el 2007, los aumentos de peaje autorizados fueron del 455% contra una inflación medida por el Ipec del 151%. Ya en el ámbito del contrato de Arssa (a partir de 2010) los aumentos autorizados fueron del 185% en el costo del paso. “Estamos muy lejos de la autopista prometida por el ministro Ciancio cuando se firmó el nuevo contrato” señaló.

Después afirmó que “nada de lo prometido por la concesionaria se ha cumplido” y justificó la necesidad de la auditoría previa para definir qué tipo de aumento se autoriza. Recordó que la tarifa tiene dos componentes: uno para el concesionario y el otro para el fondo de obra y el último incremento fue únicamente para este segundo ítem mientras que la concesionaria exige también actualizar lo que le corresponde. El otro interrogante planteado por Lacava es quién hará las obras próximas ya que es obligación licitarlas según el contrato vigente.

Desde el oficialismo, el radical Darío Boscarol aclaró el apoyo al nuevo texto sobre el control, no así con la suspensión del último aumento.