Los funcionarios de Mendoza continúan ejerciendo sus funciones sin ser obligados a manifestar públicamente su declaración jurada de bienes. Si bien existe una ley –la 25.188– que contempla esta situación, se trata de una norma de carácter nacional a la que la Provincia nunca adhirió. Al mismo tiempo, ningún gobierno se preocupó por gestionar una iniciativa propia o encontrarle una solución legal al asunto.

Lo curioso del caso es que todos los legisladores que fueron consultados sobre el asunto se mostraron a favor de impulsar una ley de ética pública y hasta explicaron que existen numerosos proyectos que descansan en la Casa de las Leyes esperando ser aprobados.

La situación se replanteó tras el cruce que mantuvieron el reconocido actor Ricardo Darín y la presidenta Cristina Kirchner. Luego del pedido de explicaciones en torno al crecimiento patrimonial de los Kirchner por parte del actor, la mandataria publicó una carta vía Facebook donde afirmó –entre otras cosas– que "sería bueno, sano y transparente para el sistema democrático si todas las declaraciones juradas de gobernadores, intendentes, jueces, magistrados y ministros de la Corte estuvieran a disposición de toda la sociedad, publicadas, analizadas y publicitadas".

Al parecer, el pedido de la presidenta repercutió fuerte en Mendoza, donde los funcionarios del Poder Ejecutivo sólo realizan su declaración jurada cuando asumen y lo hacen ante la Escribanía General de Gobierno, que guarda esa información en forma secreta y no la desarchiva a menos que la Justicia provincial la solicite para investigar algún tipo de ilícito.

La ley existe, pero sólo abarca a los funcionarios públicos nacionales, entre los cuales se encuentran aquellos que ocupan cargos políticos en el Ejecutivo, legisladores y magistrados federales, entre otros. Por este motivo, desde hace tiempo se viene debatiendo en la provincia la necesidad de crear una norma que obligue a los políticos locales a hacer pública la información sobre su patrimonio. Si bien durante el gobierno de Julio Cobos (2003-2007) se decidió voluntariamente poner a disposición de la sociedad este tipo de informaciones, con la llegada de Celso Jaque al poder, la situación fue desestimada por el entonces jefe del Ejecutivo.

"En ese momento se trató de algo que nos exigía la sociedad, nos pareció que teníamos que dar el ejemplo y así lo hicimos", explicó Julio Cobos a El Sol. En este sentido, el ex vicepresidente de la Nación le envío un mensaje al oficialismo al indicar que "todos los funcionarios deben exponer sus declaraciones juradas, lo que ocurre es que, a veces, se generan inconvenientes cuando el patrimonio de algunos se incrementa notablemente".

Mientras tanto, en la Legislatura provincial, senadores y diputados parecen opinar lo mismo: Mendoza necesita una ley de ética pública. Sin embargo, si bien se han presentado numerosos proyectos sobre el tema, la provincia continúa sin tener una norma que regule la situación.

"Lo que sucede es que no hay voluntad política por parte del Ejecutivo, por eso, todavía no se aprobó una ley de este tipo", afirmó el diputado por la UCR Tadeo García Salazar, uno de los legisladores que más tiempo dedicó al asunto en el último tiempo.

Y agregó: "Mendoza tiene un atraso en esta materia; nosotros presentamos nuestro proyecto que, incluso, profundizó la ley nacional, la cual no expresa claramente qué sanciones corresponden para cada caso de enriquecimiento ilícito".

Por su parte, el titular de los diputados justicialistas, Gustavo Arenas, mostró su aprobación respecto de la necesidad de hacer público el patrimonio de los funcionarios provinciales. "Se trata de algo sumamente importante, no sólo para la sociedad, sino también para quienes tenemos vocación por la política", explicó.

No obstante, más allá de estar de acuerdo sobre la situación, ningún legislador pudo explicar por qué la provincia sigue sin una ley que regule el tema. "Nunca se ha conseguido el consenso necesario para llegar a un acuerdo", admitió el senador justicialista Fernando Simón, quien se mostró reacio a creer que la publicación del patrimonio de los funcionarios sirva para eliminar las sospechas que tiene la sociedad sobre los políticos. "Creo que es algo que es necesario desde lo ético", argumentó.

El senador radical Armando Camerucci fue otro de los legisladores que avaló la necesidad de publicar el patrimonio de los políticos locales. "Se trata de una discusión que no es nueva y que siempre está flotando en el aire. Personalmente, creo que la provincia necesita un marco legal para terminar con las sospechas que se generan", explicó el legislador radical. Y agregó: "Para nosotros debe ser una obligación ética".