Con su fallo absolutorio, los jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano desataron una tormenta de dimensiones bíblicas que nadie se anima a predecir cuándo amainará. Ni siquiera habían terminado los festejos de los 13 imputados, sus abogados defensores y familiares y se desató una catarata de furiosas críticas que amenazan con poner en jaque a todo el Poder Judicial y sus prácticas palaciegas, propias de otro tiempo y tal vez por eso tan refractarias en gran parte de la sociedad, que vive un suplicio cada vez que debe realizar algún trámite en los tribunales.

Probablemente la Sala II de la Cámara Penal haya fallado de manera correcta, aplicando el derecho y las leyes de manera justa, pero esto de ninguna manera invalida el desastre que es la administración de Justicia en nuestra provincia. Cómo es posible que una causa demore 10 años para llegar a juicio oral, en la etapa previa de investigación fallaron jueces, fiscales, secretarios judiciales y por supuesto la Policía, que parece ser más parte del problema que de la solución y nadie paga los platos rotos. Es indudable que llegó la hora de revisar el accionar de la corporación judicial, que con el verso de la “independencia” es dueña de privilegios que irritan al resto de la sociedad, como la potestad que tienen de no pagar el impuesto a las ganancias o de jubilarse con sueldos que el resto de los argentinos no alcanzarán jamás o de durar de por vida en sus cargos.

El fallo por el secuestro y desaparición de Marita Verón es historia, es revisable, apelable y opinable, pero es indudable que interpela de manera durísima a la justicia y los hombres y mujeres encargados de administrarla.

Inclusive muchos de los estuvieron en la pegajosa tarde noche del martes 11 de diciembre en tribunales dejaron sus críticas a todo un sistema, no tan solo al fallo de la Sala. Por ejemplo, la coordinadora del Programa Nacional de Rescate a Personas Damnificadas por el Delito de Trata del Ministerio de Justicia de la Nación, Zaida Gatti, afirmó que "el Poder Judicial no comprende el sistema de la red de trata de personas".

Gatti manifestó tener la peor mirada posible respecto de lo que es el Poder Judicial y cómo falló en este caso" y sostuvo que "no se puede dar ningún tipo de seguridad a las víctimas" tras la determinación.

"¿Cómo se hace para proteger ahora a la gente de delincuentes que salieron con total impunidad?", agregó la funcionaria, quien apuntó que "incluso me arriesgo a suponer que algunos de estos jueces deben ser clientes" de la trata de personas.

Respecto de una frase dicha por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gatti coincidió en que "hay jueces que fallan de espaldas y a la gente", como se manifestó en este caso, y agregó que "fueron más que oportunas las palabras de Cristina, quien se adelantó con sus palabras a los hechos".

"Nos maltrataron desde que llegamos a la puerta del Tribunal", reseñó Gatti, al detallar que "se demoró el ingreso a Susana Trimarco, funcionarios e, inclusive, a las Madres de Plaza de Mayo y luego nos dejaron entrar como si fuésemos delincuentes".

Al respecto, añadió que "nos palparon revisaron a todos" y concluyó que a los jueces del caso "no les importa la gente". Todo indica que ahora avanzará el instituto del juicio político en contra de jueces Alberto Piedrabuena, Emilio Herrera Molina y Eduardo Romero Lascano. Los legisladores y el gobernador José Alperovich no son ningunos improvisados a la hora de olfatear el humor social.

Ni siquiera se conocen los fundamentos del fallo y la cabeza de los magistrados ya están en la picota, en realidad no podían esperar otra cosa, seguramente conocían la tempestad que desataría la sentencia. Pero queda la impresión de que lo más fácil y redituable desde lo político es avanzar contra los jueces y no contra la corporación en pleno. Cambiar el paradigma de la justicia, sus métodos arcaicos, su sistema de privilegios y hasta los términos es el verdadero desafío, pero al menos por estas comarcas nadie parece capaz, ni con ganas, de afrontarlo.