Los 8 legisladores que integran la Sala Juzgadora de Juicio Político escribirán hoy una nueva página en la historia institucional de la Provincia, ya que tendrán en sus manos la responsabilidad de resolver si absuelven o destituyen al vocal del Tribunal de Cuentas Claudio Ricciuti.

La sesión que marcará el fin de este proceso está previsto que comience a las 11. Ésta será la tercera oportunidad en que el Parlamento deba decidir sobre la destitución de un funcionario, y ya se considera un hecho que la segunda en que se dictará un fallo condenatorio.

Hasta ayer todo indicaba que serán 7 los legisladores que votarán por la destitución y solamente 1 por la absolución de Ricciuti. En tanto no se alcanzaría la mayoría agravada para imponerle al vocal contador del Tribunal de Cuentas la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por 5 años que fue solicitada por la Sala Acusadora.

Este juicio político tuvo su inicio en la denuncia que a mediados de junio presentara el senador José Martínez contra los tres miembros del Tribunal de Cuentas, a los que imputó de estar percibiendo salarios que superaban el tope fijado en la ley de creación del órgano de control y en la Constitución.

La presentación –tal lo marca la normativa que regula el proceso de juicio político– fue remitida a la Sala Acusadora integrada por los legisladores Raimbault; López y Deheza, del ARI; Wilder y Burlan, del FPV; Urquiza, MPF y Velásquez del MO, quienes resolvieron que la responsabilidad de investigar la procedencia de la denuncia recayera en Urquiza, Wilder y López.

Los vocales denunciados formularon descargos por separado. Ricciuti y Caballero, en presentación conjunta, negaron veracidad a los hechos denunciados en su contra. Por su parte, Longhitano defendió su inocencia argumentando que la mecánica de liquidación de las remuneraciones de los miembros Tribunal era preexistente a su ingreso al órgano de control, y que aquella había sido dispuesta por resoluciones que habían contado todas con la participación de Ricciuti.

Los tres legisladores investigadores emitieron sus dictámenes a mediados de agosto. Urquiza y Wilder recomendaron acusar únicamente a Ricciuti, en tanto López recomendó la imputación a los tres, pero cuanto menos contra Ricciuti. Resolución está que no generó sorpresa alguna ya que se deba por descartado que la única cabeza en juego era la del mencionado vocal.

A principios de agosto y poco antes de que venciera el plazo para que se expidiera la Sala Acusadora, Ricciuti presentó ante la gobernadora Ríos su renuncia al cargo argumentando razones particulares. En ese marco, su abogado defensor Luis Augsburger denunció públicamente que a su representado le habían solicitado dinero a cambio de dejar sin efecto el proceso en su contra, lo que derivó en que Ríos resolviera rechazar la dimisión del vocal del Tribunal.

Casi de manera simultánea la Sala Acusadora resolvió imputar a Ricciuti por haber armado un entramado normativo tendiente a violar el tope salarial fijado por ley 50 y por otras inconductas funcionales, suspenderlo en el ejercicio de su cargo y desvincular del proceso a Caballero y Longhitano. Esta decisión tampoco generó sorpresa alguna.

A mediados de agosto prestaron juramento los legisladores de la Sala Juzgadora, la que quedó integrada por el ministro de la Corte Gonzalo Sagastume, como presidente, y los legisladores Collavino y Adrián Fernández (FPV); Löffler y Frate (MPF); Marinello (PSP); De María (ARI), Marcelo Fernández (UCT) y Pluis (UCR).

Casi a fin de ese mes Ricciuti, ya con el patrocinio del abogado Demetrio Martinelli, presentó una demanda ante la Corte contra el acto a administrativo por el cual la Gobernadora había resuelto rechazar su renuncia.

A principios de octubre los legisladores Urquiza, Wilder y Deheza, en su rol de fiscales, sostuvieron ante la Sala Jugadora la acusación contra el suspendido vocal.

A mediados de ese mes la Corte declaró nulo el acto administrativo de rechazo de la renuncia dictado por Ríos. Sin que la Gobernadora adoptara decisión alguna tras esa sentencia se llegó al 1 de noviembre, fecha en que Ricciuti esgrimió su defensa ante sus juzgadores. Sostuvo que era víctima de una maniobra orquestada por el Ejecutivo en venganza por su postura contraria a la venta directa de gas de regalías que la gestión Ríos, con el respaldo mayoritario del Parlamento, pretendió concretar a favor de la empresa Tierra del Fuego Energía y Química.

Demostró que algunos de los hechos imputados carecían de sustento, por cuanto esas conductas se encontraban amparadas normativamente, y aseveró que su remuneración y la de los restantes tribunos se encontraban legalmente encuadradas.

El tercer juzgamiento político de la historia

La de hoy será la tercera oportunidad en que la Legislatura fueguina tendrá que resolver sobre la destitución de un funcionario.

La primera se remonta a diciembre de 1997. En aquella oportunidad en la Sala Juzgadora no se alcanzó la mayoría agravada necesaria para destituir al gobernador José Arturo Estabillo.

Distinta situación se vivió en diciembre de 2005. En esa oportunidad la Sala Juzgadora, con 7 votos favorables, dispuso destituir al gobernador Jorge Colazo.