Los celulares direccionaban automáticamente hacia las casillas de mensajes y nada se sabía anoche sobre el paradero de Guillermo Zuloaga, presidente de Globovisión, y su hijo homónimo, también directivo de la señal opositora venezolana, devenidos en prófugos de la Justicia desde que el Servicio Bolivariano de Inteligencia se presentó el viernes en su casa con órdenes de detención sin poder hallarlos. Y entre tanta incertidumbre, la condena a tres años y nueve meses de prisión a un segundo periodista por calumnias e injurias tras acusar de nepotismo a un alcalde chavista acentuó las denuncias sobre la independencia real del Poder Judicial.

“En Venezuela lentamente muere la democracia. Aquí el presidente ordena y, horas más tarde, los tribunales ejecutan. Así de grave es el estado de indefensión en que vivimos”, denunció en un comunicado un grupo de presos catalogados de carácter político por la oposición. Francisco Pérez, columnista político del diario El Caraboneño, describió en su editorial semanal de marzo de 2009 las designaciones familiares de Edgardo Parra en su gobierno, razón por la cual fue querellado por el alcalde de Valencia. La sentencia, menor a cinco años, le permite cumplir la condena en su casa pero lo inhabilita a ejercer la profesión durante ese tiempo.

Por su parte, desde Caracas, la vocera legal de Zuloaga, Perla Jaimes, confirmó a PERFIL que el empresario no abandonó Venezuela y permanece oculto a la espera de que sus abogados indaguen en los fundamentos legales de su pedido de detención para determinar la estrategia a seguir. “Fue todo muy repentino. Estamos esperando para poder ver el expediente cuando el tribunal abra esta semana. Nosotros creemos que acá hay persecución y un avance contra Globovisión y su presidente porque el canal, en los últimos días, tuvo posiciones muy críticas contra los alimentos en mal estado y otras problemáticas que rozaban al gobierno”, sostuvo Jaimes.

“Llama la atención, aun en el caso de la persona más desprevenida, que la decisión ocurra poco después de una amenazante alusión a Zuloaga por parte del propio presidente de la República. El propósito de estas medidas es generar un clima de enfrentamiento en el país que reviva artificialmente una falsa polarización social”, escribió en su web la coalición opositora Mesa de Unidad Democrática. Y advirtió: “Queremos decirlo claramente: el presidente no se saldrá con la suya. El cambio que cada vez más venezolanos queremos ya ha comenzado y nada lo detendrá”.

La fiscal general Luis Ortega, responsable de haber solicitado la detención de Zuloaga y su hijo, sostuvo que la medida es “netamente judicial” y que no es de su competencia el destino jurídico de los imputados sino del tribunal que entiende en la causa, ante las versiones que trascendieron de que Zuloaga sería enviado a una prisión de alta seguridad. Y explicó que las figuras penales que justifican los pedidos de captura son las de “usura genérica” y “agavillamiento”, o asociación con fines ilícitos, a raíz del acaparamiento de 24 vehículos que fueron descubiertos el año pasado en una de las residencias de la familia.

Hasta el momento, ambos Zuloaga tenían impedida la salida del país por disposición judicial. Desde el viernes, padre e hijo pueden perder también su libertad.