En tanto, Peche ratificó que no aprobarán el pedido de un crédito de 98 millones de dólares para el Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (Prosap).

“La provincia no cumplió con la ayuda a los productores y no creemos que los fondos se usen para el destino que corresponde”, indicó.

También está previsto que antes de la sesión se traten los pliegos de tres funcionarios del Poder Ejecutivo, entre ellos el del presidente de Lotería Chaqueña, Darío Kohli, y el presidente del Insssep, José Benítez.

Valoran el avance

Sánchez valoró el avance que representará para la provincia la ampliación del derecho al sufragio para los jóvenes de 16 y 17 años, y rechazó las críticas respecto de los supuestos fines electoralistas que persigue el proyecto.

“Nadie podrá direccionar tan fácilmente el voto de estos nuevos electores”, sostuvo y explicó que “la intención es emparentar la situación de los jóvenes con la de los mayores de 70, esto es, que el voto sea por definición obligatorio, pero esté exento de sanciones, para que en la práctica sea optativo”.

“El justicialismo va a intentar llegar a un acuerdo con la totalidad de los bloques para que podamos sancionar la reforma del artículo 90, inciso segundo de la Constitución Provincial, para que los jóvenes de 16 y 17 años puedan participar de las próximas elecciones, tanto en las PASO como en las generales, entendiendo que todo proceso de participación de la juventud en la política es muy bueno”, consideró el jefe de la bancada oficialista.

El legislador destacó que la propuesta se contrapone a quienes “manifiestan que, al ser impulsada a nivel nacional por la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, y a nivel provincial, por el gobernador, Jorge Capitanich, esta iniciativa tiene un fin electoralista, en la búsqueda de los votos de los nuevos electores; sólo puede decir eso quien no conoce y no está en contacto con los jóvenes, quienes van saber usar ese derecho de la mejor manera, sin que nadie pueda direccionar su intención de votos”.

Comisión de Educación

Por otra parte la Comisión de Educación recibió ayer al cuerpo directivo y tutoras de la Escuela 369 de Sáenz Peña en relación con la presentación del recurso de amparo contra los paros docentes que dio origen a la Resolución del Ministerio de Educación Nº 506.

La comisión pasó a un cuarto intermedio hasta hoy para continuar sesionando, previo a la sesión ordinaria, para definir entre otros el dictamen que aconsejaría la aprobación del proyecto de ley de “Trayectorias Escolares” que impulsa el presidente de la Legislatura, Eduardo Aguilar.

Estuvieron presentes los diputados miembros de la comisión Elba Gladys Altamiranda, Nancy Mariel Gersel, Miguel Avelino Milar, Carlos Martínez, Raúl Acosta, Mirta Morel, Daniel Trabalón y Luis Verdún, así como el titular del Poder Legislativo Eduardo Aguilar y el presidente del Bloque Justicialista Ricardo Sánchez.

La presidenta de la Comisión, Wilma Molina, expresó que “la comisión trabajó específicamente en este tema, no se ha tocado otro porque realmente consideramos que era necesario e importante escuchar detalladamente lo que explicaban los padres, quienes dejaron claro que ellos firmaron realmente ese recurso de amparo, si bien manifiestan que lo hicieron en desconocimiento de lo que estaban firmando”.

“Lo que hacemos nosotros como comisión es recepcionar el planteo de estos padres que vinieron acompañados por directivos de la escuela y planteamos la necesidad de que esté presente la otra parte que sería la directora de la Regional VII y, si el ministerio lo considera, alguien de esa cartera, que venga a dar la versión que tienen ellos de la problemática”, aseguró.

El diputado Carlos Martínez, uno de los firmantes de la nota solicitando esta reunión, expresó que el motivo era atender las denuncias de este grupo de padres sobre el “obrar irregular” por parte de la directora regional Gladys Tartaglino.

“Concretamente lo que se denuncia es que esta funcionaria se hizo presente en los domicilios de los denunciantes, acompañada de un señor, supuestamente docente, identificado como “Matías”, y les solicitó a las tutoras de los alumnos que firmen un documento alegando que era un pedido de útiles para los chicos” explicó el legislador.

“Más adelante” agregó Martínez “estas señoras se enteran de que lo que habían firmado en esa oportunidad era el recurso de amparo que luego dio lugar a la Resolución Ministerial Nº 506”.

El diputado Ricardo Sánchez, por su parte, expresó su postura observando que “en lo personal y como bloque oficialista no nos parece irregular que una directora regional se preocupe por la situación que está pasando en una escuela y concretamente si los chicos están o no asistiendo a clases”.

El legislador aclaró que los padres “ratifican de todos modos que han firmado el escrito, no sé si hay allí una confusión respecto de los firmantes sobre qué es lo que firmaban, si era un amparo o no era un amparo, ni se sabe tampoco si se les dio el asesoramiento legal correspondiente a estas familias, esto está un poco confuso”.