Paseos a turistas y amigos, custodia presidencial en campaña electoral y hasta escuela de capacitación privada. Ninguno de esos usos está autorizado en el manual de operaciones de los helicópteros de la Policía. Pero al parecer son más frecuentes de lo denunciado. "Manejan el helicóptero como si fuera un bien personal.Suben a los amigos y fanfarronean con la impunidad que tienen", explicó un allegado al Ministerio de Seguridad.

Los escándalos surgidos han acumulados cinco expedientes de investigación en la Inspección de Seguridad y también en Fiscalía de Estado.Pero hay más problemas. Ahora sospechan que para pagar los cursos privados de piloto se usaban de manera irregular otros recursos del Estado.

La investigación apunta a saber si los alumnos que accedían a esos cursos eran beneficiados con "cupos de recargo", algo así como el pago de horas extra, para costearse la instrucción.

El problema es que quien habría dictado los cursos es Juan Carlos Castillo, el jefe del Cuerpo de Aviación policial y también quien asigna esos cupos de recargo. La denuncia habla de que cada alumno debía pagar 5 mil pesos, por lo que por mes recibían una serie de "cupos" para cubrir esos costos.

Las fotos que se hicieron públicas a través de Internet y los medios mostraban a distintas personas alegres por volar con el helicóptero oficial. En realidad hay una norma que permite los vuelos civiles, pero luego de la firma de un contrato. A fines del año pasado, por ejemplo, el automovilista Orlando Terranova contrató el helicóptero para hacer promoción del Rally Dakar. Pero ese vuelo fue legal y se pagaron 9 mil pesos por una hora y media.

Enel Gobierno dicen estar "agotados" por el tema. Y aseguran que esas irregularidades deben ser investigadas por la Inspección de Seguridad.Pero se quejan porque, dicen, "no destacan que elministerio es noticia por eso y no porque hay menos inseguridad". Además, aseguran que nunca se dejó de prestar el servicio para el que fueron compradas las naves.

Por ahora sólo se ha separado al subcomisario Walter Quiroga, quien sería el responsable de uno de los viajes turísticos detectados.Pero el sector político critica la falta de acción del Gobierno.

"No puede ser que suspendan a una persona porque es policía, pero al principal responsable no le hagan nada. Quiero que se tome la misma decisión para todos por igual. Yo les presenté toda la documentación que ratifica las denuncias", dijo el diputado Daniel Cassia, uno de los denunciantes de los casos. Para RobertoInfante, otro de los denunciantes, lo que pasó "ratifica la falta de control y de gestión" del Gobierno. "Vamos a pedir que el ministro dé explicaciones en la Legislatura", aseguró Infante.

Los helicópteros de la Policía fueron comprados en la gestión de Julio Cobos como gobernador y son herramientas que se transformaron en centrales en la prevención de delitos y también en la asistencia sanitaria y de emergencia. Costaron 5,3 millones de dólares y son de última tecnología. Tanto, que la computadora de abordo registra cada detalle de los viajes, sean oficiales y legales o de recreación e irregulares.

Pero incluso Cobos tuvo denuncias por supuestos mal uso de los helicópteros.La Fiscalía de Delitos Complejos inició una causa por supuestas irregularidades en la contratación de las aeronaves. Y el Tribunal de Cuentas también alertó por irregularidades en el pago de un vuelo particular.

Hoy, el funcionario más complicado en el tema es Juan Carlos Castillo, director del área. Es el único que tiene un cargo político en el lugar y cuenta con respaldo del propio gobernador CelsoJaque. Castillo es un piloto experimentado, estuvo en la Fuerza Aérea y debió enfrentar una causa por malversación de fondos en la Justicia Federal.La denuncia fue realizada cuando se desempeñaba en el Aeropuerto El Plumerillo.

Durante la gestión de Cobos estuvo a cargo del cuerpo de aviación de la lucha antigranizo y también terminó con algunos problemas: lo cuestionaron por haber tenido como pasajeros a familiares suyos en esos aviones, que no están habilitados para transporte de personas. "Le perdonaron la vida", recuerdan los cobistas.

Ahora está en medio de todas las críticas por los desmanejos dentro de la Unidad Aeronáutica Policial.

La primera denuncia apareció porque el helicóptero recorrió medio país apoyando a la presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en plena campaña electoral.Pero luego aparecieron usos domésticos: paseos a gente en Maipú, registrados en video, más paseos a amigos por Potrerillos (registrados en Facebook) y asistencia a un funcionario accidentado sin mayores consecuencias. Las copias de los registros de esos vuelos ratifican los usos discrecionales.

Todo se investiga ahora en la Inspección de Seguridad, para determinar las responsabilidades de los policías involucrados."Hay cinco expedientes con cada caso. Ya se ha secuestrado toda la documentación, los libros donde se registran los viajes y se ha pedido información al aeropuerto.Se están juntando pruebas para determinar responsabilidades", dijo Jorge González, de la Inspección.