Timerman, quien asumirá hoy como canciller en reemplazo de Jorge Taiana, admitió que "había una rispidez" entre ambos gobiernos, pero se comprometió a "terminar de resolverla -porque ya está prácticamente en resolución- de una manera que sea innovadora".

El cierre del largo conflicto, manifestó en declaraciones a Radio 10, estará "a la altura de las democracias que estamos viviendo".

En cuanto a la fiscalización conjunta a la que debe ser sometida la planta papelera finlandesa remarcó que la intención de Argentina es que "el control sobre el río esté a la altura de los países más avanzados". En ese sentido, pidió que "la gente se quede tranquila porque vamos a trabajar con los hermanos uruguayos para dar un ejemplo al mundo de lo que es el control ambiental".

En tanto, en Uruguay continuaba el debate político en torno de un posible monitoreo conjunto dentro de la planta de UPM, lo que fue rechazado por el senador del Partido Blanco Jorge Larrañaga, en tanto y en cuanto sean permanentes, aunque se mostró proclive a aceptarlo si fueran "periódicos".

"Un monitoreo dentro de la planta de manera continua termina lesionando la soberanía del país. Algunos controles periódicos permitidos por la empresa no afectaría", manifestó en declaraciones al Canal 12 de Montevideo. Asimismo, se manifestó favorable a la incorporación de Brasil a los controles ambientales al señalar que la fiscalización debe hacerla la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), pero con "la incorporación de todos los países que tengan arte y parte en el río". Por su parte, el presidente de la Asociación Comercial de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, Leopoldo Cayrus, se quejó porque la ciudad dio "todo el respaldo" a la pastera UPM, ex Botnia, a pesar de la fuerte presión que se ejerció desde Argentina contra su instalación, pero a cambio no existe una "interacción" de la firma con la economía local.