Desde los tiempos más antiguos, la tierra ha sido el objeto de invasiones a países vecinos y de disputas internas. En la antigua Roma, la famosa reforma de los hermanos Graco se instituyó sobre los dos pilares sociales más acuciantes: reparto proporcional de tierra y granos. Aquellos dirigentes –se llamarían hoy-, perecieron asesinados, como un antecedente premonitorio que pareciera sellar la suerte de quienes se lanzan tras el pedazo de suelo propio.

Sin embargo, una cosa es la “usucapión”, forma de adquirir el dominio de la tierra mediante la posesión demostrada públicamente y sin objeciones de un propietario, y otra muy distinta es la “usurpación”, modo violento de hacerse de un inmueble. La primera de las modalidades está totalmente fuera de ninguna consideración, por supuesto, sobre todo porque ya no existen tierras susceptibles de ese modo de adquisición, máxime cuando esos terrenos pertenecen al Estado, quien como en el caso del Gobierno de Salta, ya los ha destinado a un fin social.

Acá pareciera emerger la punta del iceberg de este problema que plantean las tomas de terrenos por parte de verdaderas bandas organizadas de ciudadanos. Hay que describirlo de esta manera porque en estos casos no hay casualidad que explique tal despliegue de personas que haciendo gala de una suerte de disciplina hacia una cabeza invisible, convergen y en cuestión de contados minutos se hacen de un sitio, desafiando toda ley y autoridad posible.

En el caso de la reciente toma del predio ubicado en las cercanías del Barrio San Remo y Parque La Vega, se trata de uno de los movimientos de mayor despliegue y donde se aprecia con mayor claridad esta “cadena natural de mandos” que oculta a sus jefes bajo el andrajoso ropaje multicolor. Cada uno sabe qué hacer y lo ejecuta con silente conducta. Tienen un equipamiento básico de subsistencia y si llegado el caso hay que defender el sitio, el propio terreno los nutre de una logística beligerante más que apropiada: piedras, palos, botellas y las chapas que sirven de improvisada techumbre, curiosamente, se ajustan más o menos a la medida de un escudo.

La usurpación violenta, porque aunque parezca pacífica entraña un apremio, descalabra la vida de los ciudadanos que habitan los aledaños. Es un fenómeno cultural que irrumpe en otro modo de ser, de vivir. Las calles se llenan de personajes que patrullan los barrios y la rapiña de elementos domésticos comienza a configurar un estado de inseguridad. A eso hay que agregar la producción de basura que comienza a acumularse en las orillas del asentamiento, los baños improvisados bajo arbustos, desechos que comienzan a formar con el paso de los días microbasurales que atraen inmediatamente a las alimañas que ahora se pasean orondas junto a los recién llegados.

Por lo bajo se escuchan voces y hasta “sordos ruidos tras los muros” de las viviendas de vecinos que cargan sus armas ante cualquier posible intento de atraco. Niños y jovencitas desaparecen de la faz pública y hasta la espera de los colectivos que deben alterar su recorrido, se convierte en un peligro latente.

El diálogo se torna imposible con personas que no conjugan ese verbo y únicamente actúan bajo la fuerza de sus instintos más primarios. Todo un cóctel muy volátil agitado por sectores políticos emparentados con ideologías reaccionarias y algunos aprovechadores de turno que buscan en el descalabro social el encuentro de su vil negocio político.

Un cuadro de situación inmerecido sin duda para una Provincia como Salta, donde el Gobierno del Dr. Juan Manuel Urtubey ha plantado desde sus inicios la enseña de la inclusión social en todo el más amplio y comprensivo sentido del término. Basta consultar las estadísticas del Consejo Nacional de la Vivienda para comprobar cómo Salta encabeza por lejos el sitio de Provincia con mayor cantidad de viviendas construidas, nada más que en el periodo 2010-2011, con 14.000 (Catorce Mil) unidades, seguida por la provincia presidencial de Santa Cruz con casi 6.000 (Seis Mil).

A esa realidad contundente, hay que agregar las mil viviendas más anunciadas recientemente por el Coordinador de Ministerios, Carlos Parodi, mediante un sistema de sorteo público televisado, a modo de garantía de la transparencia del procedimiento.

A esa política provincial de viviendas y soluciones habitacionales, el Gobierno de Salta suma ahora la creación de la Unidad de Coordinación de PROCREAR, para generar un nexo con los programas nacionales destinados a la construcción y ampliación de viviendas. Toda una batería de soluciones destinada a lograr que legado de este mandato del Dr. Urtubey sea el que más salteños con techo haya dejado.

No solamente se trata de una lucha contra los recursos y el tiempo, sino también contra una situación social propia de una época de cambio donde las migraciones, tanto entre países como internas, son un fenómeno en crecimiento que responde a variables que superan las políticas públicas porque se dan cada determinado tiempo en las sociedades. La situación fronteriza de Salta la convierte en un punto de destino de países vecinos, además de las condiciones que propician los traslados desde el interior hacia los grandes centros urbanos.

La tarea es ímproba, y debiera ser comprendida por todos los sectores de la sociedad esta política de inclusión para evitar estas situaciones de tensión social, donde los que son utilizados para generar el caos, esos que son los más necesitados, cuando se dejan llevar por los intereses personales de algunos inescrupulosos, paradójicamente, terminan siendo los más perjudicados.-