Tierra del Fuego

El Secretario de Finanzas declaró en calidad de testigo, en el marco de la denuncia penal realizada desde el Municipio de Río Grande contra integrantes del equipo económico provincial.

Se confirmó ayer el alejamiento de la especialista del área, aunque todavía no fue presentado de manera formal. Autoridades sanitarias aseguran que «no se verá afectado el servicio». Pero desde el Centro de Ayuda al Paciente Oncológico (CAPO) manifestaron su profunda preocupación; piden una urgente solución y expresaron el rechazo a volver a ser atendidos por médicos itinerantes.

En el marco de la crisis y de cara a 2011, la oposición parece haber sellado un pacto de no agresión. La estrategia es consensuar acciones en el Parlamento, y a la vez evitar enfrentamientos mutuos pensando en 2011. El objetivo es posicionarse en función de la pérdida de credibilidad del ARI, y llegar al nuevo proceso electoral con el menor desgaste posible.

Vencida la conciliación obligatoria sin propuestas concretas del Gobierno, los profesionales del Hospital Río Grande anunciaron quite de colaboración y paro desde el 8 de setiembre. Piden la renuncia de las autoridades de Salud. Otra médica renunció a su cargo.

Sin el acompañamiento del bloque del ARI, la Legislatura sancionó la ley que declara «sujeta a cuidados especiales» a la cuenca del río Grande, prohibiendo que se arrojen efluentes cloacales que no hayan tenido un tratamiento de depuración, mediante plantas debidamente habilitadas para tal fin.

La polémica resolución de la Corte Suprema de Justicia declarando la «inconstitucionalidad» de la penalización del consumo personal de marihuana no sienta una jurisprudencia obligatoria. En tal sentido, los juzgados menores pueden mantener su criterio, y en el caso del encabezado por la jueza federal Lilian Herráez, el consumo debe ser penalizado.

Por mayoría la Legislatura sancionó ayer una ley que pone en vigencia un nuevo plan de regularización de deudas, disuelve otras y no permite que la entidad siga adelante con juicios contra deudores que reúnan algunas condiciones.

El secretario general de la UOCRA, José Salinas, planteó ayer en declaraciones a la emisora de Ushuaia FM del Sur, la preocupación del sector ante la posibilidad de que la Nación no envíe los fondos para el inicio de la construcción de casi 700 viviendas en la provincia, ya que priorizaría la terminación de "obras ya iniciadas y con un alto avance".