El proyecto no fue acompañado por la bancada del oficialismo por entender que se debía proponer en el debate de la ley de aguas; proyecto que se está analizando desde hace varios años en la Legislatura y que todos los años prometen que será sancionado, pero la definición se sigue dilatando.

La iniciativa que presentó el legislador Roberto Frate (MPF), pretende evitar toda acción humana que siga provocando perjuicio ambiental a las aguas y costas del río Grande, considerando que es fuente vital para la extracción de agua que se potabiliza y se distribuye a la población de Río Grande.

Como vocera del oficialismo, que se opuso a la normativa, la legisladora Verónica de María protagonizó una discusión de «alto voltaje» con el legislador Luis Velázquez, luego que este último criticara su contradicción porque, cuando fue estatuyente municipal, apoyó la cláusula de ciudad ribereña, donde se enumeran obligaciones a las autoridades municipales para preservar el cuidado ambiental del río.

De María consideró un ataque la acción de Velázquez y se dedicó a contrarrestar esa actitud «belicosa», defendiendo a rajatabla la decisión del oficialismo de no dar el voto positivo; lo cual podría dejar a las claras que el proyecto será vetado por el Ejecutivo para evitar su promulgación.