Una mujer de 25 años y su hijo de 5 años tendrán que dejar el departamento que ocupan en la sede del exprograma Magdalena por la orden judicial de desalojo. La causa fue iniciada por la Municipalidad de Santa Rosa que juidicializó la situación social de una decena de familias.
Oscar Gallone, uno de los ocupantes del exprogama Magdalena relató la situación que vive la mujer con su hijo. “Hace 45 días ocupamos la casa. El martes pasado, a la única mujer que quedaba en el lugar, la convocaron a Tribunales. Una jueza y un fiscal. Le dijeron que era una audiencia de debate. Le dieron un plazo de cinco días para dejar el lugar porque había una orden de desalojo firmada”, contó Gallone.
La búsqueda de un alojamiento es desasperada. Y casi imposible para la mujer, se‘gun relató Gallone. “Nosotros, nos arreglamos. Yo estoy solo y ocnseguí un lugar. Ella está sola y no tiene trabajo. Además un chico de 5 años. Para entrar a una casa le piden un mes de depósito y además en 30 días tiene el mismo drama”, afirmó.
“Cómo van a dejar a una mujer con una criatura de 5 años. Ella no tiene trabajo, no consigue alquiler y nadie la recibe”, maldijo Gallone. “Dónde está la solidaridad del intendente”, desafió.
Los adicionales de la Policia
Después de la ocupación de la sede del exprograma Magdalena, la Municipalidad se ocupó en desactivar el reclamo social con una fuerte presión. Al mando de las conversaciones estuvo la expolicia Fabiana Montañez. Los ocupantes soportaron una fuerte presencia pollicial los priemros dñías, las 24 horas. Después siguió la presencia policial durante todo el día, a través de cuatro policiales que cumplían adicionales.
“El municipio está pagando hace dos meses 4 adicionales, los cuales suman por día 1.180 pesos. Por 30 días, son 33 mil pesos. Si tuvieran intenciones de solucionar el problema le darían 1.200 pesos mensuales a la mujer”, dijo Gallone. Es decir que la comuna pagó unos 45 mil pesos en estos casi 45 días de la ocupación.
“Lo que falta es sentido común”, apuntó.
“La problemática es a dónde irá a parar esa muejr si la Justicia decidide desalojar. Sabemos que usurpar es un delito, pero hay que atender la carencia, la situación social que se genera”, afirmó. Incluso tuvo que llevar a su madre (quien recibe diálisis en FAERAC y estuvo en terapia) para atenderla. En el camino recibió la sugerencia de un fiscal de que se vuelva a la casa de su madre: allí, en una vivienda de dos habitaciones, viven ocho personas integrantes de la familia de la pareja actual de su madre.
“Lo que hubo acá es una mirada burócrata, oligarca si querés del problema”, dijo Gallone echando mano a un término político en boga. “Porqué no se le da una casa como cuidadora pra salir de esta situación”, reclamó. “Tuvimos conversaciones con Fabiana Montañez que ofreció planta para salir del lugar. Fueron con asistentes sociales, llenaron planillas y después no volvieron a parecer por el lugar”, acusó Gallone. También remarcó una grave falencia: en ningún momento ningún funcionario preguntó si el pequeño de 5 ñaos va al jardin. Gallone dijo que “el niño va a la escuela, al jardin de la 180 en la calle Roque Saenz Peña. Lo deja a la mañana y lo busca todos los días a las doce y cuarto”, contó.
“La Municipalidad quiere sacarse la responsabilidad social ante situaciones críticas reales. Lo veo debajo de una bandeea que dice ‘unidos, organizados y solidarios’: solidario dónde”, disparó Gallone.
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