“El terrorismo de Estado no debe ser juzgado bajo los parámetros del delito común”

Así lo expresaron desde la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires.
El pasado lunes, seis represores fueron condenados a prisión perpetua por haber cometido crímenes de lesa humanidad durante la última dictadura militar, en el denominado “circuito represivo Mar del Plata-Necochea”. Mientras que fueron absueltos dos imputados y se impusieron penas menores a un grupo de los acusados. Los jueces Alfredo Ruiz Paz, Lidia Soto, Elvio Osores Soler y Daniel Cisneros condenaron el pasado lunes a prisión perpetua al ex general Alfredo Manuel Arrillaga, los ex coroneles Leandro Edgar Marquiegui, Eduardo Jorge Blanco y Jorge Luis Toccalino, el ex comodoro Ernesto Alejandro Agustoni y el ex vicecomodoro José Carmen Beccio. En tanto, el ex coronel Fortunato Valentín Rezett fue condenado a 25 años de prisión; el ex comisario Néstor Orosco a 12 años y el ex subcomisario Héctor Francisco Bicarelli a 7 años. En tanto, el ex comisario Héctor Carlos Cerutti; el ex oficial principal Mario Jorge Larrea y el ex integrante de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) Nicolás Miguel Caffarello a 5 años. Fueron absueltos el ex inspector Marcelino Blaustein y el ex subcomisario Aldo José Sagasti. En el comunicado, desde Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del Centro y Sur de la Provincia de Buenos Aires se indicó que “luego de 35 años logramos sentar en el banquillo de los acusados a los máximos responsables de la represión ilegal en Mar del Plata, resultando inédito que sean juzgados militares del Ejército y de la Aeronáutica, personal policial y civiles, en un solo juicio. A la par se juzga a los máximos responsables de la Marina en Mar del Plata, situación inédita en el país”. A su vez, se recalcó: “Luego de 35 años se reconstruyeron las historias, se pusieron nombres y apellidos a los desaparecidos y se estableció, luego de un juicio que duró un año y medio y en el cual fueron escuchados los represores y la prueba que ellos ofrecieron, que lo que venimos contando hace 35 años es lo que verdaderamente ocurrió en esta ciudad y es lo que permite una mirada esperanzadora hacia la Justicia”. Además, desde la entidad se sostuvo que “reconocemos la visión del Tribunal al establecer que sólo la Justicia puede ser reparadora cuando sanciona en forma efectiva a los genocidas, y ponderamos la cárcel común impuesta. Valor que debería ser copiado por el Tribunal que lleva adelante la mega causa Base Naval II, quienes se niegan a adoptar las medidas instruidas por Casación, estableciendo la cárcel común para los acusados. De todas maneras, esta ciudad ya ha padecido a los jueces Esmoris y Jarazo en la desvergüenza de la causa Labolita y la absolución al genocida Duret”. En ese sentido, se añadió que “consideramos que el Terrorismo de Estado no debe ser juzgado bajo los parámetros del delito común, y rechazamos de plano ese criterio asumido por este Tribunal, en decisión claramente objetable y que será objeto de recurso de Casación. Haber absuelto a dos imputados e impuesto penas menores a otros, cual delincuentes de delitos comunes, muestran un costado incoherente, insostenible e inaceptable. Esperaremos a leer los fundamentos de este absurdo para proceder de acuerdo a derecho, con todas las herramientas que la ley nos otorga. Sin embargo esto ratifica una vez más que estos juicios no se encuentran digitados y que todos los acusados cuentan con todas las garantías”. “En resumen: Que un árbol no nos tape el bosque. Hemos avanzado en la inclaudicable búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia, y rechazamos de plano un fallo tan contradictorio que linda con la justificación de la obediencia debida, única manera de que la incorporación de Caffarello al Servicio de Inteligencia del Ejército, producida en el mes de Junio, hubiese producido un cambio absoluto en su conducta y su complicidad en Abril del mismo año. O que Bicarelli no sea considerado partícipe necesario en todos los secuestros, torturas, asesinatos y desapariciones ocurridos en Necochea durante el ejercicio de sus funciones, implica que este Tribunal lo coloca como un simple administrativo en el aparato represivo. La cárcel común de cumplimiento efectivo, debe ser el objetivo de nuestra época”, se resaltó. “Por todo ello, este organismo de Derechos Humanos, ha de esperar los fundamentos de la sentencia y proceder en consecuencia. Mientras esto ocurre, invitamos a todos a participar de los alegatos de la mega causa Base Naval II, para que estos tribunales entiendan que todas las leyes de impunidad y prescripción han sido derogados por la ley, pero además son un hoy inaceptables por toda la sociedad. No olvidamos, no perdonamos, no nos reconciliamos!! Memoria, Verdad, Justicia y Alegría!!”, concluye el texto.

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