En 1986, Mario Matesich, un docente andalgalense, donó al IPV una hectárea de tierra en el distrito de Huaco para que se construyera el barrio San Isidro Labrador. Las distintas gestiones que pasaron por el organismo oficial no regularizaron la situación dominial de esos terrenos. Rentas de la Provincia le cargó los impuestos de las 21 viviendas construidas al padrón catastral de Matesich y ahora enfrenta un embargo por dicha deuda.

La situación se genera porque el IPV nunca realizó la transferencia de estas tierras al Estado y luego a sus dueños, que son los moradores de las viviendas, quienes tampoco cuentan con la escritura pertinente de sus propiedades. 

Según la documentación que aportó a este diario, Matesich hizo varios reclamos, algunos datan desde 2007, en los que solicitaba que se efectúe la delimitación perimetral. Diversas notas fueron enviadas a los distintos administradores que tuvo el IPV.

"Existe una gestión de saneamiento no realizada por la parte receptora de la donación y consecuentemente sigo registrado como titular del predio donado, hecho que elevó el impuesto inmobiliario a un valor que supera mi capacidad de pago", indicaba en una nota presentada a la administradora General de Rentas, Susana Varas. 

En diálogo con EL ANCASTI, Matesich recordó: "Hicimos un acuerdo ante escribana pública y ellos quedaron en que iban a recibir la donación de mi parte y que se encargaban de hacer mensura, subdivisión, presentar en Catastro para que yo después les pueda firmar la escritura traslativa de dominio a ellos y separen los predios”, apuntó. 

Agregó que durante varios años pagó los impuestos de ese predio, pero ahora ya no reúne las condiciones económicas. La deuda asciende a $40 mil y por esa situación el Gobierno está en proceso de ejecutar un embargo sobre sus propiedades, a pesar de contar con la documentación que acredita la situación. 

En alguna oportunidad, el secretario de la Vivienda, Octavio Gutiérrez, aludió a la situación y cargó la responsabilidad a la gestión anterior: "Antes se le permitía a la empresa presentarse para licitar con un boleto de compra u opción de compra del terreno, ganaban la licitación y jamás le transferían al Estado provincial lo que habían comprado". Sin embargo, tampoco esta gestión atendió el reclamo de Matesich.