En realidad lo que ocurrió en el encuentro fue simplemente que los dos intendentes que concurrieron acompañados por sus asesores, Iván Fernández de Lago Puelo y el ministro de Gobierno e intendente de Cholila en uso de licencia, Miguel Castro, junto al asesor general de gobierno, Pablo Aguilera, intentaron defender los fundamentos del decreto y su validez constitucional.

La concurrida reunión comenzó pasadas las 11 sin la presencia del Director General de Bosques y Parques, Manuel Peralta, que había sido requerida por el radicalismo. Ausente el presidente de la comisión, Carlos Gómez, ofició de mediador el titular del bloque oficialista, José Karamarko.

DEBATE

La discusión se planteó de entrada entre -por un lado- los radicales Carlos Lorenzo y Roberto Risso, y por el otro, los intendentes Fernández y Castro. Estos planteaban las dificultades para obtener tierras en sus ejidos que no pueden entregar terrenos ante el crecimiento de la población, y mostraron su disgusto por no poder ejercer su autonomía ante los reparos que siempre pone la Dirección de Bosques para autorizar estas ventas.

Según dijeron, este decreto no modifica la cuestión de fondo, ya que permite disponer de las tierras pero el bosque sigue siendo de dominio provincial, sin que se trate de una enajenación. «No puede ser que un director tenga más poder que un intendente electo por el pueblo», se quejaba Fernández, quien agregó que «la mitad de la biblioteca dice una cosa y la otra mitad la otra».

Los diputados radicales criticaron la manera en que se buscó la solución a través de un decreto que además tiene validez para toda la provincia, cuando a través de una ley se podría haber buscado soluciones para los municipios más complicados, y aseguraron que no se puede separar el suelo del vuelo y la norma inconstitucional.

ESCANDALO

Por su parte, Miguel Castro planteó a los radicales que el decreto 268 no cambia nada y que siempre se actuó así, recordando incluso la entrega por decreto de 15 mil hectáreas en la gestión del gobernador Carlos Maestro en el límite con Chile conocido como La Esperanza, que hasta dijo originó dos muertes.

En tanto el justicialista Javier Touriñán coincidió con la UCR en que el decreto modifica la legislación anterior y entrega los bosques a los municipios, ya que no se puede separar el terreno de todo el ecosistema del bosque.

La reunión llegó a su punto más caliente cuando el asesor general de gobierno que tuvo que ver en la redacción del decreto, Pablo Aguilera, trató de diferenciar el dominio público que la Constitución adjudica al Estado Provincial sobre los bosques, con la propiedad de esas tierras, que también las leyes adjudican a los ejidos municipales, algo que hizo reaccionar al radical Roberto Risso.

Este señaló que esa explicación era una falta de respeto, ya que era una explicación que nunca oyó en su historia como abogado y le reprochó: «No me tomes el pelo pibe, no nos vengan a hacer el verso», a lo que se levantó junto al resto del bloque amenazando con ir a la Justicia, mientras los diputados justicialistas le pedían que dejara de hacer circo.

La reunión se prolongó media hora más ya sin la presencia del radicalismo, en la que los intendentes aclararon algunas dudas de los diputados oficialistas.