Un clima de nerviosismo se vive por estas en la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) a raíz de un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Exactas que daría cuenta sobre el gran daño ambiental que se estaría ocasionando, con la extracción de áridos del río Muerto, al Parque Sierra San Javier.

El estudio, que lleva la firma del decano de esa unidad académica, Sergio Pagani, ya estaría en manos del rector de la UNT, Juan Alberto Cerisola, y advertiría, entre otros aspectos, que una empresa constructora contratada por la Municipalidad de Yerba Buena estaría retirando del lecho de ese río, en sus camiones, varias toneladas diarias de ripio.

Amén del grave daño ambiental que esta actividad estaría ocasionando en esa área protegida, que es administrada por la casa de altos estudios, el "informe Pagani", como se lo denominó en los claustros universitarios, indicaría que se estaría extrayendo ripio por un valor de 60 mil pesos diarios, según confiaron a EL SIGLO fuentes de la UNT.

Conforme a la legislación vigente, el control sobre esa actividad corresponde a la Dirección de Minería de la Provincia, mientras que la UNT, a través de la Secretaría de Bienestar Universitario, que conduce Mauricio Argiró, es la encargada de habilitar el paso de servidumbre a esa reserva ecológica. En este sentido, las mismas fuentes explicaron que “los ríos que recorren el interior del Parque Sierra San Javier, que forma parte del patrimonio de la UNT, están bajo jurisdicción provincial”.

El daño ambiental ocasionado por la extracción de áridos en el río Muerto viene siendo denunciado desde hace varios meses por organizaciones ambientales y vecinos de Yerba Buena.

En este sentido, el concejal de esa ciudad, Mariano Campero (UCR), el mes pasado solicitó informes a la Dirección de Minería a los fines de que informe cuáles son las empresas autorizadas para realizar esa actividad en la zona; cuál es el período del año en que se permiten las extracciones y los estudios elaborados sobre el impacto ambiental.

El último viernes, el grupo de Facebook "No destruyan a mi Cerro", integrado por vecinos y ambientalistas, tenía previsto realizar una caminata nocturna por los senderos del Parque administrado por la UNT.

Sin embargo, denunciaron que desde la Secretaria de Bienestar Universitario de la UNT se les advirtió que se les prohibía “el ingreso a las sendas mediante presencia de la fuerza pública (Policía de la provincia) y cuerpo de guardaparques”. Se supo que Argiró estaría sumamente preocupado por el contenido del “informe Pagani”.