La tensión por el inminente desalojo por la toma de viviendas sociales en el Bajo Flores continuaba esta mañana, pese a la orden judicial, con la presencia de la Policía Federal, que rodeaba el predio.

El gobierno de la ciudad insiste en que no negociará con los ocupantes, mientras que los vecinos aseguran que pagaron entre 8000 y 20.000 pesos por las viviendas, pero fueron estafados.

Varias familiares resisten en el interior del complejo habitacional construido por la ciudad y cuya desocupación fue ordenada ayer por la Justicia, mientras los agentes aguardan para comenzar con el operativo, a pesar de la promesa del gobierno porteño de no reprimir.

Se trata de 204 viviendas sociales tomadas durante el último fin de semana en el Bajo Flores y que, según informó el gobierno porteño, originalmente estaban destinadas a familias que viven en la cuenca Matanza-Riachuelo.

"Queremos que nos den la vivienda, nada más. Mi nieta hace dos años que anda rondando con sus dos hijos", señaló la abuela de una de las ocupantes.

En diálogo con la prensa, la mujer indicó que en el predio hay alrededor de 140 familias y unas 40 criaturas sin agua y sin luz, porque cortaron los servicios. Según denunció, muchos de ellos firmaron papeles de 8 mil y 20 mil pesos para acceder a las propiedades, impulsados por un puntero del barrio, al que identificaron dentro del macrismo.

"Nos dijeron que era para la manzana siete de la villa 1-11-14 ", contó otro de los vecinos, mientras que una mujer culpó al Instituto de la Vivienda de la Ciudad: "Los de la IVC nos prometieron viviendas y nos dieron la preadjudicación. Hay gente que pagó, los estafaron", declaró.

"No negociaremos". Al ser consultado sobre esta situación, el jefe de gabinete del Gobierno Porteño, Horacio Rodríguez Larreta, aseguró esta mañana que la ciudad quiere desalojar el predio tomado en Parque Avellaneda mediante el "diálogo" y no la represión, pero destacó que no habrá una "negociación" porque la gente que tomó el complejo "no puede llevarse algo a cambio o un beneficio" de la usurpación. "Si lo hacemos, mañana nos toman toda la ciudad", justificó.

Sobre las denuncias de los vecinos, Rodríguez Larreta aseguró que las investigará.

Audio: Larreta: «Si accedemos a sus pedidos, toman la ciudad»

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"Son viviendas que estaban prácticamente terminadas, para entregar en 30 o 45 días. Faltaban las conexiones, nomás. Tenían nombre y apellido sus destinatarios. Estas casas están previstas para otra gente", se lamentó el funcionario.

Rodríguez Larreta manifestó que si bien el terreno era custodiado por seguridad privada dispuesta por el gobierno, "es la Policía Federal la que debe intervenir según ordenó el juez a cargo de la causa".

Video: las viviendas tomadas en el Bajo Flores

La usurpación. La toma se concretó el sábado a la noche, cuando decenas de familias ingresaron en el predio con el fin de apoderarse de las 204 viviendas sociales, que estaban listas para ser entregadas en un par de semanas a sus adjudicatarios, según indicaron fuentes del gobierno de la ciudad.

El predio, de aproximadamente dos hectáreas, está situado en la esquina de la avenida Lafuente y Castañares, en el límite de los barrios de Flores y Villa Soldati, una zona rodeada de monoblocks y asentamientos precarios, a menos de diez cuadras del parque Indoamericano, que en diciembre pasado fue escenario de una multitudinaria toma y de violentos enfrentamientos con un saldo de tres muertos.

Varias familiares resisten en el interior del complejo habitacional construido por la ciudad y cuya desocupación fue ordenada por la justicia - Foto: LA NACION Mariana Araujo

Varias familiares resisten en el interior del complejo habitacional construido por la ciudad y cuya desocupación fue ordenada por la justicia - Foto: LA NACION Mariana Araujo

Varias familiares resisten en el interior del complejo habitacional construido por la ciudad y cuya desocupación fue ordenada por la justicia - Foto: LA NACION Mariana Araujo

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La mayoría de las viviendas estaban destinadas a los vecinos de los asentamientos El Pueblito y Luján, situados a la vera del Riachuelo. Tras la toma, un cordón de efectivos de esa fuerza y de la Metropolitana impedían el ingreso de nuevas personas al lugar, dejando pasar solamente agua, comida y pañales.

El fallo, firmado por el juez federal de Quilmes, Luis Armella, también multa con 500 pesos diarios a la secretaria de Seguridad de la Nación, Cristina Caamaño, por no haber ordenado la protección por parte de la Policía Federal del complejo habitacional que iba a ser entregado dentro de 15 días.