WASHINGTON.- A pesar de la mediación de la Casa Blanca, la ejecución en el estado de Texas de un mexicano tensó ayer la relación entre México y Estados Unidos, luego de que el gobierno de Felipe Calderón condenara la muerte "en los términos más enérgicos" y enviara una nota de protesta al Departamento de Estado norteamericano por la "violación al derecho internacional".

Según expresó el gobierno de México en un comunicado, la ejecución de Humberto Leal, un ciudadano mexicano de 38 años, condenado por la violación y el asesinato de una adolescente de 16 años en 1994, se produjo "en un claro desacato con el fallo de la Corte Internacional de Justicia [CIJ]", que en 2004 y en 2008 ordenó la revisión y reconsideración del veredicto y de la pena impuesta.

México recordó que, al momento de la detención, las autoridades de Texas "nunca le informaron a Leal de su derecho a comunicarse con sus representantes consulares, en violación al artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares [CVRC]", de la que México y Estados Unidos son parte. Y, en tal sentido, manifestó su preocupación "por el precedente negativo que este caso sienta para los derechos de los mexicanos que puedan ser detenidos en ese país".

Leal, originario de Monterrey, había sido sentenciado a muerte en Texas, en febrero de 1998, por el asesinato y la violación de una joven, y fue ejecutado anteayer con una inyección letal tras la negativa del Tribunal Supremo estadounidense, por cinco votos frente a cuatro, a detener la aplicación de la pena capital.

"Por favor, perdónenme. Siento lo que hice; pido su perdón", dijo Leal, minutos antes de morir.

Formaba parte de una lista de 58 mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos y a quienes, según la CIJ, les fue denegado el derecho de asistencia consular, en claro incumplimiento de la Convención de Viena.

Uno de esos condenados había sido ejecutado en 2008, en Texas, lo que también motivó una nota de protesta de México ante Estados Unidos.

El gobierno mexicano, no obstante, sí reconoció la voluntad de la administración de Obama de mediar en el caso.

Washington había solicitado a la Suprema Corte de Justicia que frenara la ejecución, al aducir que provocaría "un daño irreparable" a los intereses nacionales, y tras la ejecución de Leal, anteayer, se declaró "muy decepcionado".

La Casa Blanca buscaba que la ejecución fuera detenida hasta tanto el Congreso aprobara un proyecto de ley para garantizar el cumplimiento de la Convención de Viena.

Además de los gobiernos de México y Estados Unidos, también Brasil, Suiza, Honduras, El Salvador y las Naciones Unidas habían solicitado el retraso de la ejecución.

"El caso Leal ilustra por qué es absolutamente importante que el Congreso apruebe esta ley", dijo la vocera del Departamento de Estado, Victoria Nuland, que afirmó que Hillary Clinton estaba "muy decepcionada" con la ejecución.

"Si no protegemos los derechos de los extranjeros en Estados Unidos nos arriesgamos a no tener acceso a nuestros ciudadanos" detenidos en otros países, añadió.

Según recordó Nuland, actualmente hay 3500 estadounidenses detenidos en todo el mundo y tan sólo el año pasado funcionarios norteamericanos realizaron más de 9500 visitas a prisiones en diversos países.

"Tenemos que tratar de forma adecuada a los no estadounidenses aquí si esperamos poder ayudar a nuestros ciudadanos en el extranjero. Tenemos que dar ejemplo en este país", insistió Nuland.

Pese a la larga batalla legal y la presión del gobierno federal, las autoridades de Texas procedieron a aplicar la pena de muerte a Leal en línea con sus actuaciones de los últimos años, en los que se han negado a suspender las ejecuciones de extranjeros, al aducir que ninguna corte internacional puede reemplazar ni las leyes estatales ni las de Estados Unidos. La administración texana, además, sostiene que el gobierno federal no tiene autoridad para ordenar la revisión de los casos de pena máxima a los estados.

La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, por su parte, advirtió: "El proceder de Texas en el caso Leal es imputable jurídicamente a Estados Unidos y finca responsabilidad internacional''.

Según Amnistía Internacional, desde 1990 han sido ejecutadas en Estados Unidos más de 350 personas y hay más de 3300 condenadas a muerte.