La concejal Viviana Navarro, quien preside la comisión parlamentaria de injerencia en la venta de tierras fiscales en el Concejo Deliberante, explicó que el cobro por la venta de lotes municipales implica toda una problemática a nivel recaudación, ilustrando la situación con el hecho de que durante 2013 se adjudicaron lotes por un valor de 60 millones de pesos, pero que aún no ha ingresado un solo centavo por tal rubro a las arcas municipales.

Es en función de ello y con el antecedente de la ordenanza general de tierras totalmente modificada en 2012 con vistas a este mismo eje que la edil expuso que justamente el punto a acordar en la actualidad con el Ejecutivo Municipal es de qué modo se implementan los pactos comisorios que fundamentan el compromiso de pago y para lo que el Ejecutivo pretende poner la adjudicación al cobro de modo previo a que el expediente sea girado al Concejo, organismo que tiene la facultad de aprobar o no la adjudicación.

“Ellos lo que quieren es cobrarle a la gente antes de que nosotros se lo adjudiquemos, antes de que pase por el Concejo, y no se puede. Si se cobra, la gente va a creer que tiene derechos sobre la tierra porque ya la están cobrando: si se cobra es de ellos y tienen derechos; pero por otro lado, si no pasó por el Concejo, ¿quién controla a quién le dan la tierra y cuánto se la cobran?” planteó la concejal.

“En eso estamos y es lo que vamos a terminar de decidir esta semana donde vamos a seguir resguardando los derechos del Concejo sobre la tierra fiscal. El Concejo no puede perder las herramientas de fiscalizar a quien el Ejecutivo le entrega tierras y de qué manera y cómo se la cobra. Eso será así y de esa postura no salimos, espero que nos pongamos de acuerdo con el Ejecutivo” dijo terminante.

Navarro expuso también que más allá de esta falta de acuerdo actual, el intendente también tiene la potestad de firmar resoluciones y efectuar por esa vía la entrega o guarda de lotes, de los que el Concejo toma conocimiento cuando ya son “hechos consumados”, de modo que también cuestionó tal mecánica de trabajo en el ordenamiento urbano reclamando que las adjudicaciones invariablemente deben ser revisadas de modo previo por el Legislativo municipal. “No puede ser que por ser algún ‘ilustre’ le entreguen rápido y a un precio cualquiera. Así no funciona: la tierra fiscal es el único recurso genuino que tiene el municipio y el Concejo debe tener las herramientas de controlar a quién y cómo se entrega” reiteró.

Por tales carriles transita actualmente la discusión por la temática de tierras, y por la que ayer hubo intensas reuniones con el asesor letrado del Concejo. Este poder intenta defender su potestad de contralor en base a la reformulada ordenanza de tierras, proponiendo que el compromiso de pago se rubrique en el mismo acto en el que se firma la adjudicación en venta, una medida por la que se reclamó varias veces desde recinto en función de la problemática que se expone hoy con dos posicionamientos enfrentados entre poderes.