Es que el sistema está tan viciado que, para ingresar a la administración, pese a que rige una ley que exige concursos, la suerte recae sobre los que tienen algún tipo de contacto político, lejos de importar las capacidades y necesidades del Estado. Las mejoras entre categorías son mínimas y llegan a fuerza de permanencia y sólo los ascensos a cargos políticos pueden asegurar mejores ingresos.

Los sueldos de la administración pública también podrían ser mejores si la torta a distribuir se repartiera entre menos comensales. Pero son tantos los que comen del mismo plato que las raciones se tornan indefectiblemente más escasas. Como muestra basta echar un vistazo al básico de las distintas categorías del escalafón general, que augura un futuro de pobreza para los futuros jubilados estatales.

Es cierto que el aumento del empleo público le sirve al Estado nacional y también a las provincias para mostrar índices de desocupación menos preocupantes (dicen que el crecimiento del empleo en Catamarca contribuyó a bajar en más de 5 puntos la desocupación), pero ¿a qué precio? Con esta tendencia se terminan hipotecando por décadas las finanzas públicas en el único costo que, una vez asumido, no se puede reducir: el costo salarial.

Lejos de realizar inversiones que busquen dinamizar la economía, los gastos del Estado se engrosan en el rubro de gastos corrientes, permitiendo a los gobernantes de turno atender a compromisos políticos al margen de las necesidades reales de mano de obra.