El magistrado platense que entró en cortocircuito con el sciolismo a raíz de diferencias en la cantidad de muertos por la inundación del 2 de abril, solicitó al Gobernador una audiencia para tratar "aspectos vinculados a la negativa evidenciada por diversos funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo, que se negaron a exhibir documentación pública y al reiterado incumplimiento de las órdenes judiciales".
"La citada renuencia compromete seriamente el principio de publicidad intrínsecamente ligada a nuestra forma republicana de gobierno, que la Provincia se encuentra obligada a garantizar, conforme lo establecen los arts. 5 y 123 de la Constitución Nacional y la obligación preambular de 'afianzar la justicia', como condición de su autonomía", agregó.
Además, el magistrado argumentó: "Cabe recordar asimismo, que todo bonaerense goza del derecho a la información (art. 12 inc. 4 de la Const. Prov.) y que la Provincia se ha comprometido a garantizar la efectividad de la justicia (art. 15 de la Const. Prov.), junto al art. 166 de la misma Constitución, cuyo texto habilita el uso de la fuerza pública para el acatamiento de sus decisiones, declarando la responsabilidad de los funcionarios en caso de incumplimiento".
En ese sentido, indicó: "La gravedad de las citadas situaciones, ameritan un claro pronunciamiento del Sr. Gobernador, para deslindar responsabilidades al respecto y conocer, cuales son las acciones que se adoptarán para remediar el mentado deterioro institucional".
"En virtud de lo expuesto, solicito se me confiera una audiencia a la brevedad, para explicitar con mayor precisión las situaciones someramente expresadas en esta petición, quedando a vuestra disposición para aclarar toda duda al respecto", concluyó.


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