Paola Ullúa, la “sanguchera” de la Terminal, sigue atrapada en la telaraña de la burocracia estatal. Pero la joven madre coraje sigue con su historia de lucha y no baja los brazos.

Después de vender sánguches durante ocho años en la Terminal, actividad con la que sostiene su hogar (tiene tres hijos) y le da trabajo a otras dos madre solteras, el municipio la quiere echar del lugar. En una ocasión, la polícía le decomisó la mercadería y la reprimió.

Ella encargó la construcción de un carrro para instalarse a cien metros de la terminal y seguir atendiendo a sus clientes. Sacó préstamos y se empeñó. El municipio le prometió un microcrédito de 20 mil pesos.

El trámite del microcrédito está trabado porque necesita el permiso para instalarse en un sitio. Paula gestionó que le habiliten un lugar en el estacionamiento de la Cámara de Diputados. Si bien el trámite ante el vicegobernador Luis Campo pareció avanzar primero, ahora se encuentra estancado.

Paula fue a golpear las puertas del municipio de miércoles a viernes de esta semana. La secretaria de la Producción, Elida Deana, le prometió que el próximo lunes se reunirá o hablará con Campo para intentar destrabar la situación.

“Estoy cansada, hago todo por derecha, hago todo bien, y me viven poniendo peros. Pedí mucha plata prestada. Los 20 mil pesos me ayudarían para no empeñarme más”, lamenta Paula.

“Cuando me terminen el carro, si el permiso no está, me voy a instalar igual. Ya se los dije”, confía.

El trailer que están construyendo quedaría terminado en alrededor de dos semanas. “Está quedando buenísimo. Hoy lo terminaron de pintar. Está bárbaro”, se ilusiona.

La de Paula ha sido una vida dificil y de escollos. Tiene 30 años. Vive en el barrio San Cayetano, cerca del hospital, en una casa de barrio, junto a sus tres hijos, Ana, de 15, Emiliano, de 14, y Bruno, de 7.

Desde 2002 vende sánguches en la terminal de ómnibus. Con ella trabajan dos mujeres, madres solteras, con chicos a cargo. Según cuenta, venden 400 sánguches por día de promedio.

Paula a los trece años se fue de su casa. A los catorce, quedó embarazada. Fue una chica de la calle, hoy es una orgullosa jefa de familia.

Su “PyME” cuenta con la habilitación de Bromatología y está inscripta en el Monotributo Social. Pero después de ocho años en la terminal, con la llegada del nuevo concesionario del buffet, el municipio la quiere sacar del lugar porque las ordenanzas prohiben los vendedores ambulantes.

Hace un mes y medio, dos veces fue blanco de un operativo policial. En uno de ellos, los efectivos la reprimieron junto a uno de sus hijos. Pero la gente que había en el lugar salió en su defensa.

Siguió vendiendo. Con el municipio no avanzó en ninguna alternativa para conseguir seguir allí. Por eso decidió encarar, con algún ahorro y dinero prestado, la construcción del carro que cuesta 40.000 pesos.

Primero pidió al municipio que la dejen ubicar en la plaza que está frente a la terminal, en la esquina, sobre la calle Corrientes. Pero le contestaron negativamente.

Luego fue por el rincón en el estacionamiento de la Legislatura provincial, a cien metros de la terminal. Pero la respuesta del vicegobernador Luis Campo se demora.

Atrapada en la burocracia estatal, Paula no baja los brazos.