Durante la reunión realizada en el ministerio de Economía para evaluar la situación planteada por las compañías concesionarias d elos yacimientos de petróleo de Palmar Largo, El Chivil y El Surubí, se aclaró que se afectó directamente el envío desde los mismos hacia la destilería ubicada en Salta.
Al mismo tiempo, se insistió sobre la inminencia del llenado total de las instalaciones de almacenamiento advirtiéndose acerca del daño ambiental que sobrevendría a partir de la pérdida de la capacidad de guarda del crudo en la zona.
Se informó en la reunión presidida por el ministro Jorge Ibáñez que los cortes en los accesos a las áreas hidrocarburíferas impiden por parte de los manifestantes el acceso o egreso de las personas y vehículos de los campamentos donde funcionan las baterías colectoras de petróleo y gas producido diariamente, quedando fuera de estos predios los pozos productores que requieren constante inspección, operación y mantenimiento.
Se indicó que en estas circunstancias los operadores de Pluspetrol SA y Gran Tierra Energy SRL han perdido el control operativo sobre los pozos que quedan afuera de los campamentos, pudiéndose suscitar en ellos accidentes ambientales inconmensurables, con impacto directo sobre los recursos naturales y los habitantes de la zona.
Respecto del agua de los yacimientos, se manifiesta que es de alta temperatura, unos 120 grados centígrados, alta salinidad- cuatro veces más que el agua de mar- y el gas de muy alta presión, 120 kilogramos por centímetro cuadrado.
Los técnicos hicieron notar que una pérdida descontrolada de cualquiera de estos fluidos no solamente ocasionaría daños al medio ambiente sino que se convierte en una amenaza seria para la seguridad de la población.
Además se aclara que este mismo efecto se produciría siu los manifestantes , por cuenta propia y de manera inexperta, trataren de cerrar intempestivamente, como se ha dejado trascender, las válvulas de regulación de caudal y presión de los pozos que podrían generar sobrepresiones con consecuencias catastróficas.
Además, se hizo notar que se encuentra bajo riesgo el suministro de gas que alimenta a la planta de generación eléctrica que abastece a las localidades de El Potrillo y General Mosconi.
Se ha expresado que en este estado de situación, al que quiere poner fin la resolución judicial de Las Lomitas, el daño ambiental se magnifica si se tiene en cuenta que las compañías en escasos días más, ante la falta de capacidad de almacenamiento de petróleo en los tanques y como medida de último recurso técnico- operativo, deberán depositar el producto de rebalse de los tanques en piletas de suelo natural a cielo abierto que son del orden de los 3.000 barriles diarios, unos 450.000 litros de petróleo.
En tal sentido se advierte sobre la magnitud del daño ambiental que podría producirse por filtración al subsuelo o derrame de petróleo hacia reservorios de agua, la contaminación del aire por volatilización del petróleo sin tratamiento, efectos todos que impactan directamente en la biodiversidad y el hombre.
Además, se hizo referencia a la alta probabilidad de que se produzcan fenómeno de auto ignición por las altas temperaturas reinantes con el incendio consecuente favorecido por la importante superficie de contacto del combustible con el oxígeno del aire.
Se asegura que un accidente de estas características alcanzará magnitudes sin precedentes en la región, con consecuencias gravísimas sobre los habitantes, la flora y la fauna y demás recursos naturales considerando las restricciones técnicas que existen para mitigarlo.
Toda esta información fue remitida a la fiscal de Estado, doctora Stella Maris Zavala de Copes, de modo tal que se arbitren las medidas conducentes a la prevención de los posibles daños ambientales y en salvaguarda de todos los habitantes de la región.
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