La Cámara fundamentó su pedido en que pese a los tributos desembolsados por la Institución, con los cuales se pagan los “abultados sueldos” de los funcionarios, al mismo tiempo son “víctimas de la impericia y falta de eficiencia para cumplir el ejercicio de sus funciones y obligaciones”.

La Cámara acusó, tanto a los funcionarios mencionados como al intendente Jorge de ser los responsables principales de la falta de control al transporte ilegal en sus diversas formas. “Tanto del que se realiza dentro de San Salvador de Jujuy (intrajurisdiccional) y el que se hace desde esta ciudad hacia el resto de la provincia y Salta (interjurisdiccional)”, señalaron.

La dirigencia de los taxistas, encabezada por Marcel Vilca, Enrique Guerrero y José Tula, puso de relieve que el transporte ilegal se hace a la vista de todos los vecinos y en lugares privilegiados como en las adyacencias de la vieja terminal de ómnibus y centro de la ciudad. “Lugares donde los ilegales tienen paradas y ofrecen impunemente el servicio de transporte ilegal, que pone en riesgo la integridad de miles de vecinos desprevenidos y afectan arteramente al transporte legal”, enfatizaron.

“Un tratamiento aparte -remarcaron- merece la zona liberada por su gestión para el transporte ilegal, como lo es Alto Comedero. Zona que ha sido virtualmente tomada por los ilegales, ya no sólo los fines de semana, sino todos los días. Incluso ejercen el transporte ilegal vehículos identificados con números telefónicos, banda sprint y tulipas”.

La Cámara diagnosticó que en general el transporte ilegal se ha incrementado, en mayor medida desde que se ha inaugurado la nueva terminal de ómnibus. Habida cuenta de la mayor circulación de usuarios en aquella zona. “Es decir que la inversión de cientos de millones de pesos en la terminal, provenientes de los impuestos de los legales ha servido, para que el ilegal aprovechando la liberación de control municipal, haga de aquella zona un nuevo mercado para ‘truchar’ en Alto Comedero”, señalaron.

Los taxistas advirtieron que de no darse una pronta respuesta favorable a su pedido, que acabe con el transporte ilegal, iniciará acciones legales en lo penal contra el intendente Jorge y demás funcionarios y contra el municipio, a fin de resarcir los daños y perjuicios económicos, provocados por el “estado de anarquía reinante en la ciudad” en materia de transporte.

La Cámara denunció además que el intendente intenta “transformar” taxis compartidos en amarillo con la intención de hacer desaparecer el taxi compartido, deteriorar el servicio de taxi de radiollamada, para favorecer la recaudación diaria a las empresa de colectivo.

Sostuvo además que el intendente “persigue como objetivo, tal como lo hizo con el aumento del boleto del colectivo reciente, sumar a la recaudación diaria de las empresas de colectivo 200 mil pesos promedio por día y llevar al bolsillo de empresarios, que publicitaron para usted en campaña electoral, aquel dinero que hoy se reparten entre más de 700 familias del taxi compartido”.

También cuestionó el proyecto de ordenanza de migrar compartidos a amarillos, “tiene por objeto pasar 4 o 5 compartidos a amarillo. Si así fuere, a nuestro entender -enfatizaron- sería un burdo uso de las instituciones democráticas y aprovechamiento de la mayoría de legisladores radicales de la que usted (Jorge) goza en el Consejo Deliberante, para pagar favores políticos de campaña electoral y beneficiar a 4 ó 5 individuos, para quienes se sancionaran exclusivamente una ordenanza”.

Finalmente los taxistas advirtieron al jefe comunal que “antes de cualquier modificación al sistema de transporte alternativo legal, como intendente debería de ocuparse de resolver el transporte trucho o ilegal, de la ciudad, en la que usted, viene cumpliendo desde hace casi 30 años diferentes roles en el municipio, sea como funcionario del ex intendente Hugo Conde, Concejal, presidente del Concejo Deliberante y desde hace 8 años como intendente”.