El gobernador pampeano Carlos Verna informó este miércoles a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en lo que respecta a la probabilidad de activación del río Curacó y a la probabilidad de ingreso de agua del Sistema Desaguadero al río Colorado.
Fue en el marco de la demanda iniciada por la provincia de Buenos Aires contra La Pampa, por el conflicto planteado por el Tapón de Alonso.
El requerimiento de información de la Corte Suprema fue acerca de los registros de altura, caudal y conductividad.
El gobernador hizo saber que los datos solicitados, referidos a las mediciones realizadas sobre los ríos Atuel y Salado “deben ser tenidos en cuenta dentro de un marco de imprevisibilidad de los aportes que se generan y reciben de la alta cuenca del sistema del río Desaguadero-Salado-Chadileuvú-Curacó, que incluye los ríos Jáchal, San Juan, Mendoza, Tunuyán, Diamante y Atuel, como principales aportes”.
Asimismo Verna manifestó en su respuesta que la provincia de La Pampa viene bregando incansablemente para la conformación de organismos de cuencas que permitan realizar una gestión integrada de los recursos hídricos interprovinciales, que involucren y contemplen los derechos de todas las jurisdicciones que comparten el recurso.
A la fecha, y al carecer de tal herramienta de gestión, el manejo y regulación del agua -sostiene La Pampa- se realiza de manera unilateral por las provincias ubicadas aguas arriba, otorgando a la provincia de La Pampa una absoluta incertidumbre respecto a los caudales de agua que puedan escurrir en territorio provincial, tanto en volumen como en los lapsos de tiempo en que se pueda disponer del mismo. La cantidad y calidad de agua que escurra por los sistemas hídricos pampeanos, es así, indudablemente dependiente de los usos que se produzcan aguas arriba por las provincias vecinas que integran las cuencas naturales anteriormente citadas.
Por ello, la probabilidad de activación o no del sistema Curacó y su ingreso al río Colorado, depende exclusivamente de los escurrimientos o cortes de agua generados por las provincias arribeñas, es decir Mendoza y San Juan, quienes manejan y regulan a discreción el recurso hídrico.
La foto que ilustra la nota corresponde a la primera suelta de la represa Punta Negra sobre el río San Juan, afluente del río Salado ocurrida el pasado lunes.

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