La falta de transparencia en el manejo de la empresa estatal Tamse no deja de sorprender, y cada vez pesa más en las finanzas municipales. Producto de las deudas, irregularidades, desmanejos y déficit en alza que se suceden al compás de los distintos directorios, la Municipalidad de Córdoba debe inyectar cada 30 días alrededor de seis millones de pesos para sostener la entidad. Sin embargo, entre esos desembolsos hay un ítem heredado de la gestión Luis Juez que resulta cuanto menos absurdo y que -fiel al estilo del Frente Cívico- siembra más sospechas que beneficios.

Se trata del abultado pago mensual que, desde 2005, la Tamse realiza a una fundación cordobesa por prestar servicios arriba de los colectivos equipados con rampas para personas en sillas de ruedas, concretamente, operando las ramblas de ascenso y descenso y garantizando que el pasajero viaje seguro.

La empresa municipal reconoció que por esa tarea abona, convenio solidario de por medio, 81.500 pesos mensuales a la organización “Liliana Vera”, que nuclea a las 19 personas que actualmente “ayudan” a subir a los discapacitados a las unidades. De la flota total de Tamse, sólo 10 colectivos funcionan hoy con rampas y corresponden a la línea V1, central Rojo, Verde y R2.

Según pudo constatar este medio, el último contrato fue firmado por Hugo Germán a principios de septiembre antes de dejar la conducción de la firma. Desde que se inició la relación contractual con la fundación, en diciembre de 2005 cuando al frente de la Tamse estaba Walter Nostrala, los convenios entre las partes se renuevan cada dos meses y la cifra a pagar fluctúa según las variables económicas.

Las operadoras están nucleadas a Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), trabajan seis horas de lunes a viernes y cobran un básico de 1851, 22 pesos (ver facsímil).

Sin embargo, un simple cálculo permitiría asegurar que detrás de este supuesto servicio existe un gran negociado. Aun cuando desde la fundación aseguran que en realidad las trabajadoras son 24 (a las 19 se le suman dos administrativas y tres suplentes), nadie puede responder a dónde va la diferencia entre los 3.396 pesos que debería percibir cada una de las empleadas y lo que efectivamente cobran.

Desde Tamse argumentan que ellos sólo se limitan a girar el dinero acordado en el convenio, y que es la fundación la que luego lo ejecuta. No existe ningún tipo de control posterior sobre la entidad ni siquiera cuando el servicio que prestan no alcanza a cubrir las necesidades básicas de transporte que tienen los discapacitados.

Una fundación con antecedentes

Ante la lluvia de críticas por el terrible déficit que genera la Tamse, tanto se defiende la estatización de la empresa de transporte que cuesta creer que ningún directorio haya puesto punto final a un contrato tan irregular como el que mantiene con la fundación “Liliana Vera”. Esta organización debió cambiar su nombre (antes era Solidar) luego de que pesaran sobre ella terribles denuncias por negligencia en el cuidado de niños judicializados a los que albergaba. Además, según dijeron algunas de las operadoras que prefirieron reservar su identidad por temor a represalias, la presidenta Liliana Vera designó en esos cargos a familiares directos y amigos. Esta situación fue denunciada en reiteradas oportunidades al ex secretario de Transporte, Raúl Merino, y al ex presidente del directorio, Hugo Germán, pero nada se hizo hasta el momento.