Tras una serie de irregularidades ventiladas por este medio sobre la Fundación Liliana Vera y su vinculación con la Tamse, la empresa municipal finalmente no le renovó el convenio mediante el cual le pagaba 81.562 pesos mensuales por la prestación de un servicio tercerizado. Se trata de la entidad creada en 2006 durante la intendencia de Luis Juez, que recibía ese monto por emplear a 20 personas que operaban las rampas para discapacitados en 10 unidades adaptadas de las línea V1, Central Rojo, Verde y R2.

Esa cifra, prorrateada por la cantidad de personas discapacitadas que diariamente se trasladan en esos ómnibus (alrededor de 40), arrojó que por cada viaje la Tamse estaba pagando 101 pesos. Una cifra que no guarda relación alguna con la calidad del servicio que reciben los usuarios en silla de ruedas y que es altamente más onerosa que trasladarlos en taxi o remis, por mencionar sólo algunas alternativas más razonables.

Y como si esos datos no fueran suficientes para dar cuenta del negocio político que dejó Walter Nostrala cuando firmó el primer convenio como presidente de Tamse, se conocieron dos hechos irregularidades por parte de la Fundación que avivaron la polémica. Por un lado, que el domicilio que acusa Liliana Vera, titular de la entidad homónima, en el trámite ante Inspección de Personas Jurídicas, es un baldío; y por el otro que cobró el primer convenio antes de la acreditación de su personería. Ante los constantes cuestionamientos que derivaron en un pedido de informes por parte del concejal peronista Elvio Sahaspe, el flamante presidente de la empresa municipal Ignacio Olocco apeló a la solución más sensata: puso fin a un convenio que desde hace más de cuatro años se renovaba cada 30 días y que significaba anualmente un desembolso de casi de un millón de pesos para la deficitaria empresa. Esta decisión que termina con un servicio caro e ineficaz, es la primera medida pública que tomó el joven directivo desde que asumió, y probablemente sea un antecedente de conducción. Tras notificarles formalmente la resolución a Vera y a la administradora Beatriz Chamorro el viernes pasado, desde Tamse informaron que el servicio se seguirá prestando pero con personal propio. Aunque faltan pulir algunos detalles, en principio, esa tarea la realizarán empleados que actualmente están bajo un régimen de pasividad laboral pero que siguen percibiendo sus haberes; son unos 20 aproximadamente. Con esto, la municipal se ahorrará anualmente unos 978.720 pesos, nada mal para una gestión que, tras el desorden que dejó el ex titular Hugo Germán, está tratando de achicar al máximo las cifras en rojo.

Ante una posible reacción

Como desde hoy las operadoras de la Fundación ya no tienen ningún vínculo con la transportista, y para evitar posibles protestas que interfieran la salida de los colectivos, desde Tamse aseguraron que un fiscal ya fue advertido y seguirá atentamente lo que suceda hoy en punta de línea de barrio Mosconi. Por su parte, dentro de la Fundación hay un grupo de operadoras que trabaja en los colectivos desde que se originó el proyecto en 2005 y que fue especialmente capacitado para colaborar con los pasajeros en sillas de ruedas. Estas mujeres nuecleadas a Utedyc (Unión Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles), aseguraron que, por ahora, defenderá su fuente laboral sin tomar medidas de fuerzas. Como aún no fueron notificadas formalmente de la desvinculación, hoy se presentarán como todos los días en sus puestos de trabajo. Entre estas operadoras que se desempeñan de lunes a viernes, seis horas diarias, se encuentran quienes fueron seleccionadas especialmente por la Dirección de Discapacidad hace cinco años, por tener algún familiar minusválido. Para muchas de ellas, éste representa su único ingreso (unos 1.700 pesos en promedio). Si bien reconocen las irregularidades en la conducción de la entidad -que en reiteradas oportunidades denunciaron ante el ex secretario de Transporte, Raúl Merino, y el ex presidente del Directorio, Hugo Germán,- defiende y justifican su trabajo y esperan “no quedar en la calle”. Muy distinta es la realidad del resto de los empleados que son familiares directos de las autoridades de la Fundación (esposos e hijos), que fueron nombrados arbitrariamente y sin ningún tipo de capacitación previa.