En un comunicado, la Comisión Directiva del sindicato docente entendió que el procesamiento dictado contra los dirigentes Rodolfo Suárez, Héctor Lopez Auil, Raúl Arce y Horacio Catena, por los cortes de ruta producidos en el pasado mes de abril. Es una “criminalización de la protesta” ya que “lo que se intenta penalizar es el justo reclamo de los trabajadores” dice el documento dado a conocer. “Será deber de la Justicia Federal entender que los reclamos de los trabajadores no pueden ser considerados un acto criminal, y que hacerlo significaría un duro avance sobre la libertad de expresión y los derechos colectivos e individuales de los ciudadanos”, sostuvieron.