La Comisión acusadora del Jurado de Enjuiciamiento que juzga al juez de Instrucción de Chilecito, Alfredo Ramos, consideró este jueves que el magistrado chileciteño incurrió en un “claro y abierto mal desempeño” de sus funciones y entendió que esto es causa suficiente para su remoción.

Para este cuerpo, el juez no actuó de acuerdo a derecho e impidió el acceso a la justicia en la causa de las tierras de Valle Hermoso. También advirtió el “rigorismo formal” impuesto por el magistrado para impedir el acceso de dos abogados que pretendían incorporarse a la causa como querellantes. Para la comisión, el lugar de “ponderar” estos rigorismos formales, el magistrado debería haberse abocado a “buscar la verdad material”. La Comisión está conformada por los diputados Sergio Casas, Ángel Páez y el representante de la Función Ejecutiva, Héctor Durán Sabas.

En su alegato, Durán Sabas reiteró que en la citada causa el proceder de Ramos impidió el acceso de una de las partes al servicio Justicia y que se “benefició abiertamente a una persona”. Más adelante calificó a las pruebas aportadas por la defensa como “intrascendentes” y señaló que los testigos de esta parte “no aportaron nada” al proceso. Asimismo, reiteró en varias oportunidades que el Jurado de enjuiciamiento valora la responsabilidad política de Ramos y no sus resoluciones.

El funcionario calificó como “paupérrima” la investigación encabezada por Ramos que terminó con la absolución de García Quinzaños en el litigio por las 200 mil hectáreas de Valle Hermoso, en Vinchina; y advirtió la gravedad de lo ocurrido debido a que las tierras en disputa se encuentran en “la frontera de la República” y afectan a la seguridad nacional. “Estamos hablando de un territorio donde las propiedades mineras que la naturaleza ha puesto no son cualquier cosa y la Constitución Provincial nacional y provincial establecen que son del Estado”, añadió.

¿Ninguno de estos temas resultó importante ni trascendente?, se preguntó el integrante de la Comisión, Héctor Durán Sabas en su alegato.

“Para nosotros es insostenible decir: actué conforme a derecho porque el derecho debe ser un brazo ejecutor para llegar a un valor que es la Justicia, ¿sino de qué derecho me hablan?”, añadió.

“No se investigó la razón de nadie”

En otro tramo de su alegato, Durán Sabas cuestionó la responsabilidad de Ramos en esta causa al señalar que “no hubo recogimiento de pruebas” y debido a la falta de posibilidades de que las partes ofrecieran pruebas al proceso. “No estoy diciendo si Juan o Pedro tuvieron la razón. Estoy diciendo que no se investigó la razón de nadie y eso benefició abiertamente a una persona, en detrimento de valores muy superiores que debieron haber sido tenidos en cuenta”, indicó.

“No venimos a cuestionar el contenido de una decisión jurisdiccional, porque los contenidos de las decisiones jurisdiccionales se deben cuestionar en el ámbito correspondiente que es la Función Judicial”, agregó.

Más adelante, dijo que su Comisión entiende que Ramos incurrió en “actitudes disvaliosas” desde el punto de vista de su conducta y no del contenido y “esto es reprochable”. “La Justicia se debe administrar sobre bases sólidas y ciertas; porque cuando no es sobre bases verdaderas no hay paz social”, agregó.

“Cualquier argumento para justificar la negación de la admisión en la causa García Quinzaños de las víctimas es inaceptable, al menos para el criterio de esta comisión, y eso lo hace incurrir en responsabilidad funcional y política”, manifestó.

“Acá no solo se cuestiona si le hizo un daño a la víctima, nosotros venimos a cuestionar el funcionamiento o la conducta de un magistrado que en realidad le está haciendo un daño a la República, por sobre el daño individual”, subrayó.

“Acá hay que responder sobre el daño a las instituciones, sobre la credibilidad pública que debe tener la justicia y la ética que debe tener el funcionario judicial”, enfatizó.

Durán Sabas dedicó otro tramo de su alegato a advertir contradicciones en el accionar del juez en la causa por las tierras de Valle Hermoso y otro litigio por un terreno en Chilecito en el que una mujer resultó detenida. En Vinchina, “quien venía argumentando un eventual derecho posesorio o se sentía víctima fue totalmente excluido y se ponderó un supuesto derecho de propiedad” y en Chilecito “se invirtió absolutamente el razonamiento”.

En esta segunda causa denominada Kammerath-Marquez, el magistrado enjuiciado “ponderó supuestamente el derecho posesorio y se defenestra el derecho de propiedad” y afirmó que la detención de María Kammerath “es absolutamente contraria a derecho”.

Finalmente, Durán Sabas retomando parte de la acusación expresada ayer acusó al magistrado de “ignorancia supina de derecho que no es el desconocimiento o la falta de formación jurídica”, sino que está es la actitud de quien “desvía su conocimiento sabiendo que no es eso”.

También explicó que las condiciones de independencia e inamovilidad “no están dadas para la persona del magistrado en si mismo y como destinatario final, sino que para la sociedad”. “Lo que la norma constitucional hace es darle (a un juez) estas garantías para un funcionamiento adecuado y justo y que no sean molestados, pero siempre y cuando actúen dentro de la ley”, concluyó.

Ramos defendió su accionar

A su turno, Ramos volvió a responder cada punto de la acusación formulada ayer y pidió ser absuelto por entender que no existen causas para su remoción como juez de Instrucción de la Provincia. “Se que he cumplido con la ley y con lo que me exige el mandato como juez”, dijo.

En su exposición, el acusado dijo que se cumplieron todas las pruebas solicitadas por los denunciantes y negó haber sido “negligente” en su accionar en las causas antes mencionadas.

En cuanto al caso de las tierras de Chilecito, afirmó que ordenó la detención de la señora Kammerath porque se lo “exigía la ley”, y ante lo cual actuó en consecuencia.

“La señora Rosa María Kammerath quería hacer justicia por mano propia aduciendo que era propietaria de ese inmueble, pero no ha presentando hasta el momento de mi actuación documentación que así lo acredite”, subrayó.

Finalmente, Yoma, defensor de Ramos, dijo estar de acuerdo con Duran Sabas “cuando dice que es mejor que estemos bajo la ley, porque si estamos bajo la voluntad ocurren estas cosas”.

“En lo que no estoy de acuerdo con Durán Sabas es en querer destrozar a Ramos”, afirmó el abogado, quien negó además que su defendido haya obrado con “dolo y mala fe”.

Al finalizar las exposiciones, se informó que la sentencia será dada a conocer el próximo miércoles 16 del corriente a las 18:30 horas.