Por mayoría, el Concejo Deliberante aprobó ayer la prórroga del fondo de sustentabilidad para la SCPL, junto al incremento en la tarifa de alumbrado público.
La mayor crítica al gerenciamiento de la SCPL fue planteada por Carlos Vargas, que entre otros pagos superfluos dijo que la entidad paga $600.000 mensuales para integrar la Federación de Cooperativas. También hubo un duro cruce entre Gaspar y Navarro.
“Otra vez tenemos la dura tarea de tener que levantar la mano para aprobar esto, para poder paliar el duro momento que vive la entidad, pero en la tarea para el hogar la gente que dirige la SCPL no hace nada”. Con ese párrafo, Carlos Vargas (FpV) se refirió a la prórroga del fondo de sustentabilidad que se trataba en la sesión de ayer, en la que cuestionó que la cooperativa nunca reconoce errores propios, siendo que las personas que la dirigieron los últimos 12 años los han tenido, y muchos.
“Nunca aceptan la posibilidad de empezar a corregir cosas para que las cuentas comiencen a ser mucho más claras y eficientes en lo económico, porque en lo operativo tardará más tiempo” señaló.
Se refirió a números concretos que según dijo fueron brindados por los propios contadores de la entidad. Graficó que en medio de la deficitaria situación, la SCPL abona $800.000 y $1.200.000 mensuales de modo directo a los sindicatos de Obras Sanitarias y Luz y Fuerza, respectivamente (montos adicionales a lo que corresponde a la retención al afiliado), mientras que desembolsa otros $600.000 por estar adheridos a la Federación de cooperativas provinciales que preside el propio Gabriel Tcharian.
“Si se analiza el quebranto que tiene hoy la SCPL, dejar de pagar eso dejaría niveladas las cuentas de la entidad y no tendríamos pérdidas”, planteó para subrayar que debería tomarse al decisión política de hacerlo y que sin duda obtendrían el acompañamiento.
Vargas agregó que cuando se hace el planteo, a nivel interno se alude a tales montos como conquistas de los trabajadores, “pero nadie les pregunta a los sindicatos qué hacen con esa plata”. Y sumó a los cuestionamientos las empresas deficitarias como Transacue y Pecorsa -que pertenecen a la SCPL-, además de servicios como el de telefonía, en cuya prestación se embarcaron de modo que “sin poder con el camión, se metieron en el acoplado”, cobrando además las tarifas más altas del país, sostuvo. “Deben sincerar los números para adentro y ahorrar en estas cuestiones”, reclamó.
“NO SOY EMPLEADA DE LA SCPL”
La intervención, que fue ya entrado el debate, desató la réplica iracunda de Viviana Navarro (FPV), quien a voz en cuello reclamó por la tan mentada conquista de los trabajadores para decir que esto sería meterse con sus salarios, por lo que Vargas recordó que los montos aludidos no afectaban en nada a los trabajadores, aunque “por ahí le estaríamos metiendo la mano en el bolsillo a algún sindicalista”.
También le respondió José Gaspar (UCR) quien indicó que tales montos adicionales a los gremios no están homologados en el Ministerio de Trabajo, para plantear tácitamente la posible baja de los mismos. Además le reclamó a Navarro que si sigue siendo empleada de la cooperativa -como involuntariamente lo había dicho en su intervención- debería abstenerse de votar el tema. “No soy empleada de la SCPL ni me pagan un sueldo; solo estoy defendiendo a mis compañeros” contestó la ahora precandidata a diputada provincial.
El bloque radical, que no acompañó con su votación la prórroga, había reclamado en la voz de Pablo Martínez que mientras el Ejecutivo municipal subsidia todos los servicios públicos como el transporte, debería hacerlo también con la SCPL. Y sostuvo que las obras vinculadas a redes de gas -un servicio que presta la privada Camuzzi- se incluyen en el presupuesto municipal, y no así las vinculadas a redes de agua y cloacas que debe afrontar la cooperativa.
Desde Chubut Somos Todos, Ricardo Gaitán añadió en relación a las cifras aludidas que nada de eso sucedería si funcionara el ente de control de servicios ya sancionado y elevó un “llamado de atención” a las autoridades de la SCPL para que ajusten gastos y trabajen en las reestructuración financiera.
Más allá del debate, el proyecto tuvo el aval mayoritario, a excepción de los dos votos radicales. Así se extendió el cobro del fondo a los usuarios sin modificaciones hasta julio de 2016, mientras que la tarifa de alumbrado público variará de los $4 actuales a $18.
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