El proceso judicial oral y público debía comenzar en la jornada de hoy en un tribunal de la ciudad de Ushuaia. Los funcionarios del juzgado no pudieron notificar formalmente a todos los testigos para que presten declaración y ahora el juicio no tiene fecha exacta de inicio. La causa se abrió contra siete ex funcionarios de la gestión del FUP de Jorge Colazo, imputados de librar cheques de pago una vez finalizado el mandato del destituido gobernador y actual senador nacional.

Los principales acusados son dos altos referentes de la fraudulenta administración: el ex ministro de Deportes, Julio Cesar Alday, y el ex secretario de Contrataciones, Rodrigo Dumé. Pero además se apunta contra otros cinco funcionarios de la gestión que finalizó con escándalo debido a distintos hechos de corrupción. Se trata de más de 200 mil pesos entregados a miembros del gabinete fupista a solo algunas horas de terminada la gestión gubernamental.

El período vacacional habría sido el principal inconveniente para dar con la totalidad de las personas que deben declarar en la causa, teniendo en cuenta que las acciones de citación se habrían realizado en las últimas semanas, en un acto que, de comprobarse, representaría al menos negligencia de los magistrados intervinientes. La mitad de los testigos no fue localizado: de 13 personas solo se pudo notificar legalmente a 7.

En febrero de 2006, el secretario Legal y Técnico de la gestión de Hugo Cóccaro –que continuó la administración del FUP luego de la destitución de Colazo– denunció el desvío de 200 mil pesos que estaban destinados a financiar la participación en los Juegos Evita por parte de las delegaciones fueguinas.

El funcionario Miguel Longhitano informó al fiscal que se desconocía el destino de más de 200 mil pesos. Según el letrado el ex ministro de Deportes Julio Alday y el ex director General de Administración Financiera del ministerio, Javier Marconi, tenían el manejo de la cuenta corriente del Banco Nación Nº 53520140/20, donde la Secretaría de Deportes de la Nación depositaría $219.907 para gastos de los fueguinos en los juegos nacionales de La Rioja, Catamarca y San Juan.

En el caso también está acusados el ex asesor del Ministerio de Deportes, el abogado Flavio de Mayolas; René Marcelino Arenas y su mujer, Mónica Giménez, siendo esta última quien recibió en su cuenta personal alrededor de 150 mil pesos. Además, fue procesada Luciana Cabrera por haber prestado su caja de ahorro para depositar fondos.