Poco después del mediodía se hizo en el edificio municipal la audiencia entre el intendente y la dirigencia de la entidad solidaria. El objetivo: encontrar una salida al conflicto que se disparó por la creación de nuevas tasas. Decidieron que la definición la tome una tercera institución (podría ser la Justicia), pero mientras tanto no se cobrará.
Los dirigentes de la entidad solidaria y los funcionarios municipales decidieron buscar una salida al conflicto que se disparó con la aplicación de nuevas tasas que perjudican a la CPE.
Acordaron que una tercera instancia defina qué debe hacerse con el polémico espacio aéreo: lo definirá la Justicia o un cuerpo arbitral creado especialmente para ello. Pero mientras tanto, el cobro de la tasa quedará suspendido.
La Municipalidad pretende que la CPE pague por cada "bajada" en una vivienda. La CPE dice que no corresponde, porque ya se paga espacio aéreo y el concepto incluye ese tramo.
El conflicto, además de económico, es político. Tanto que el PJ no perdió tiempo y salió rápidamente a solicitar la derogación de las tasas que impuso la gestión comunal.
La CPE pretende que el municipio dé marcha atrás, o tendrá que afrontar -y trasladar a los socios- un monto de 4 millones de pesos al año.
En el encuentro participan además el secretario de Gobierno Pedro Salas y el vice-intendente Guillermo Di Liscia.
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