Incluso el secretario de Seguridad, Horacio Ghirardi, dejó abierto un abanico de posibilidades: dijo que “pudo haber sido un asalto al voleo o un hecho planificado para robar el auto o alguna otra situación”. “No reúno información que me haga pensar en algún mensaje, pero cuando uno investiga este tipo de hechos no tiene que descartar hipótesis”, expresó.

   Repuesto y en funciones, Superti no tiene indicios que conecten el ilícito con su condición de funcionario o con efectos de una interna política o de fuerzas de seguridad. Lo que sí marca es su desagrado hacia los que con esto —dice— pescarán en río revuelto. “Es muy poco feliz la conducta de los que con esto buscan sacar rédito partidario”, afirma.

   —¿Cómo fue el asalto?

   —Yo iba a entrar dos autos a la cochera de mi casa, que es subterránea. Primero entré el de mi mujer y cuando salía para buscar el auto oficial para entrarlo aparecen estos dos jóvenes y me abordan violentamente.

   —¿Pudo distinguirlos como para identificarlos?

   —Me agarraron a cara descubierta en cuestión de un segundo adentro de la cochera. Al primero lo tiré porque mi temor fue que entraran a mi casa y entonces el otro me pegó un culatazo. Ahí hablé con ellos, les fui dando cosas: el reloj, la plata, el celular. Me golpearon bastante, me sacaron la llave del auto, salieron a la calle y se subieron al auto. Después me arrojaron un líquido que creo que era gas pimienta o algo parecido por el ardor que sentí en la cara.

   —¿Cómo interpreta el hecho? ¿Fue al voleo? ¿Lo atribuye a su condición de funcionario o a alguna otra motivación?

   —No tengo ningún elemento como para imaginar algo más que un hecho común al que estamos expuestos todos los ciudadanos que vivimos en sociedad frente a jóvenes, en este caso, que tienen este tipo de conductas antisociales. Espero que la investigación llegue a buen término porque es lo que corresponde: que se establezca quiénes son, que se recupere el auto y los bienes robados.

   —¿Usted no tiene custodia por una decisión personal?

   —Todos los funcionarios de este gobierno asumimos que la custodia tiene que estar relacionada no a nuestro trabajo sino a una circunstancia particular: hay custodia para los testigos que se encuentran en una situación de riesgo. No corresponde que por ser empleados públicos tengamos custodia. Ninguno tiene, ni el gobernador.

   —Circularon en los medios comentarios que definían que este episodio implica para el gobierno una forzada toma de conciencia sobre situaciones de inseguridad. Ejemplo: “Ahora saben lo que es ser víctima”.

   —Es verdad que es la primera vez que vivo en carne propia, como dijo algún medio, un hecho de violencia desde que soy funcionario. Pero son nuestros programas de gobierno los que muestran que no nos desentendemos de las víctimas. Tenemos oficina de asistencia a las víctimas y el servicio de protección a testigos que implementamos en 2007. En lo personal, sufrí dos hechos más graves que este en otro momento de mi vida que fueron en este mismo barrio, los que reafirmaron mi vocación de dedicarme al derecho penal.

   —¿Con qué tuvieron que ver esos hechos?

   —El primero fue el 15 de enero de 1974, antes de recibirme de abogado: paró un taxi en Ayolas y Moreno, donde estaba con mi actual esposa, y justo se paró otro taxi al lado y nos asaltaron. En el baúl de este segundo taxi estaba el cadáver del chofer. Nos robaron e intentaron subir a mi mujer para llevársela. Lo impedí y pudimos zafar aunque terminé mucho más golpeado que ahora. El otro fue en 1976. Esa vez entraron a la casa de mi padre, que era joyero, a robar. Fue algo muy violento. Quiero decir que la experiencia de víctima la conozco desde mucho antes. Esto para mí ratifica la necesidad de seguir trabajando un marco de pacificar la sociedad a partir de planes formulados como política pública entre los diferentes niveles del Estado. Por eso me parece muy poco feliz la conducta de los que ya salieron a querer usar este tipo de asaltos para hacer su propaganda política y sacar rédito partidario.

   —A propósito, el gobernador dijo que la solución de fondo para contener el delito pasa por políticas nacionales de inclusión social.

   —Lo hemos dicho muchas veces: los de la seguridad y la justicia son problemas de Estado que se tienen que enfrentar con políticas desde todos los niveles. No es un problema exclusivo de Santa Fe ni de la Argentina: es un problema regional, que en un plano, sí, se agrava con la exclusión que potencia determinados segmentos delictivos. Pero acciones de otras franjas delictivas no son obra de expulsados. El lavado de dinero, el contrabando, el tráfico de personas o de drogas a gran escala no los hacen los excluidos.

Binner le apuntó a la Nación

El gobernador santafesino Hermes Binner salió al cruce de las críticas a su gestión por el tema seguridad y le apuntó a la Nación por dos frentes: porque no creó un ente que coordine el accionar de todas las fuerzas federales y provinciales y porque la solución de fondo, una "sociedad inclusiva", "no se puede generar desde Santa Fe". Desde el kirchnerismo, el diputado nacional Agustín Rossi le respondió: "No puede desentenderse" de asunto "y buscar responsables en el gobierno nacional".

Tras considerar que el robo a Superti "se inscribe dentro de la inseguridad que vivimos todos", Binner lamentó que la Nación no haya creado un ente que coordine el accionar de todas las fuerzas que intervienen "para combatir este flagelo". Luego dijo que a pesar de que la provincia compró más móviles, implementó el sistema del 911, entrega chalecos antibala a la policía y construye nuevas seccionales y cárceles, "hay una situación de marginalidad que lleva a estos hechos".

Al criticar las políticas nacionales, dijo: "Falta generar una sociedad inclusiva, y eso no lo podemos generar desde Santa Fe". Mencionó que en la provincia "hay mucha gente sin trabajo", parte de la cual "viene migrando de otras provincias".

Rossi consideró a los dichos de Binner como "el vivo ejemplo de cómo ha gobernado el socialismo, sin resolver ningún problema y en vez de buscar soluciones, buscar excusas".

Monti. El diputado provincial Alberto Monti (PJ) dijo que la Casa Gris habla de "sensación" de inseguridad y "culpan a los canales de cable de hacernos sentir que tenemos más delito que el real, pero quizás esta vez, que la violencia se ensañó con un miembro de su gabinete, reaccionen y hagan algo".