Luego de que se aprobara su designación, el Gobierno envió un proyecto que le otorga amplias facultades. Tendrá autarquía y le recortan poderes a la Suprema Corte. Podrá aplicar sanciones directamente y crear y modificar fiscalías.
Alejandro Gullé es el nuevo procurador y su llegada suma un ladrillo más para completar la arquitectura del "nuevo Poder Judicial" que planificó el gobernador Alfredo Cornejo. Pero el ex camarista no viene solo: el Gobierno envió el mismo día de su ratificación un proyecto de ley que le otorga "superpoderes" al procurador. Se trata de la reforma de la ley del Ministerio Público que, a grandes rasgos, le da a ese organismo independencia de la Suprema Corte, autarquía para diseñar y administrar su presupuesto y amplias facultades para nombrar y sancionar a fiscales, así como para crear oficinas. Así, por ejemplo, cuando se apruebe la ley, Gullé podrá sancionar directamente a los fiscales sin pedir autorización a la Corte y aplicando el Estatuto del Empleado Público.
El proyecto también obliga al Procurador a rendir cuentas ante la Legislatura al menos una vez al año y restringe la difusión de información. Por otro lado, por ejemplo, obliga a los fiscales a informar y consultar a las autoridades del Ministerio Público en el caso de que haya denuncias contra funcionarios públicos y delitos contra la administración pública.
El procurador consiguió un amplio apoyo ayer en el Senado, con 34 votos a favor y uno solo en contra, y asumirá mañana, día en que comienza su gestión.
Uno de los temas más promocionados de la reforma es la propuesta de separar el Ministerio Público Fiscal (MPF) del Ministerio de la Defensa. El proyecto enviado ayer lo hace, pero por ahora solo se conocen los detalles del MPF. El Ministerio de la Defensa vendría en otro proyecto y hasta que sea aprobado seguirá dependiendo del Procurador.

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