Antes de comunicar la suspensión de Potasio Río Colorado, la minera Vale le había informado a sus proveedores un cronograma de licitaciones a ejecutar entre 2013 y el primer semestre de 2014. En base a todo un cuadro con obras y plazos de ejecución, libró órdenes de compra de equipos y servicios a contratar que, en algunos casos, tienen vigencia hasta marzo último, precisamente cuando ya la multinacional brasileña había oficializado su salida.

Tanto la documentación que respalda esas acciones, como los testimonios de dos ingenieros "arrepentidos" que trabajaban en el predio, deberán ser tenidos en cuenta por la Fiscalía de Delitos Complejos para incorporarlos como prueba documental a la denuncia por estafa iniciada por la Casem (Cámara de Servicios Mineros de Mendoza) contra Vale a mediados de abril.

La acción apunta a una maniobra dolosa de la minera que, según argumenta la cámara que nuclea a unas 20 pymes mendocinas, es parte de un "ardid" devenido en un "perjuicio patrimonial" a las subcontratistas del proyecto.

Será la fiscal Claudia Ríos quien pondere esos elementos probatorios antes de decidir una carátula para la causa, a partir de un listado de 15 testigos, varios querellantes y hasta la citación de funcionarios provinciales.

Los puntos clave

El pedido de imputación tiene en la mira a quien fuera CEO en Argentina, Sergio Leite, y en orden jerárquico al considerado su número 2, Bonzi Dos Santos; Reginaldo Canavraba, al responsable de Abastecimiento del proyecto en Mendoza, Héctor Zuviri, además de uno de los encargados de Consorcio Río Colorado, Carlos Nascimento.

La hipótesis que ahora cobra fuerza con las pruebas (ver aparte) apunta a que el ardid mencionado, según la presentación judicial, consiste en haber "preordenado insumos, conociendo y ocultando la cancelación del proyecto", en tanto que el perjuicio patrimonial a las empresas pasa por "el hecho de que no se pagarían dichos insumos, ni las compensaciones correspondientes".

Según Carlos Ferrer, presidente de Casem e impulsor de la denuncia, "no es lo mismo negociar un proyecto paralizado, sin movimiento administrativo y de compras, que pretender que sigue en marcha. Es una cuestión de valor y claramente de impacto en las Bolsas del mundo".

Es por eso que otro de los pasos previstos es pedir que la Justicia mendocina comunique, de oficio, a los mercados bursátiles del mundo la situación y, por la misma vía, a la Security and Exchange Comission (SEC) estadounidense, una especie de tribunal que evalúa a multinacionales involucradas en casos irregulares .

"Tenemos que determinar los términos de la denuncia, si constituye o no delito, y si corresponde dirimir en el campo civil. Estamos requiriendo mucha información, incluso a la Dirección de Minería y la Legislatura", afirma la fiscal Ríos, quien ya integró un expediente de 4 cuerpos y más de 500 fojas en menos de un mes, y deberá evaluar la incorporación de otro querellante particular.

Otra figura legal

De comprobarse el dolo, tal vez lo único que escapó de los planes en la señalada maniobra dolosa de Vale es no haber encontrado a tiempo un candidato para venderle PRC, pese a que sus directivos admitieron en una audiencia ante el Senado nacional estar en negociaciones con varias compañías.

Al respecto, cabe decir que buena parte de los $ 350 millones en deudas relevadas por el Gobierno provincial aún siguen sin cancelarse; sólo las UTEs contratistas como Consorcio Río Colorado, Cartellone-Distrocuyo y la alianza Skanska-Millicic-Chediak han percibido parte de sus acreencias, incluso constructoras como Ceosa-Laugero. El resto, en su mayoría pymes, sigue en espera.

"Todo esto se consumó en dos instancias: la audiencia ante los senadores nacionales en donde los directivos de Vale admitieron haber estado negociando la venta de Potasio y, si se tiene en cuenta que la inversión proyectada llegaba a casi U$S 10 mil millones, también influyó el fallo de la Corte Suprema de Brasil, condenándola a pagar U$S 14 mil millones en concepto de deudas impositivas", consigna Eduardo De Oro, abogado patrocinante de la demanda.

Con todo, la figura de la asociación ilícita entre Vale y CRC también asoma en el horizonte jurídico. Pero es parte de otra historia que todavía no se escribe.