La iniciativa fue presentada por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores en marzo pasado, para que el funcionario sea separado de su cargo hasta que la justicia dictamine sobre la grave denuncia de violencia de género que pesa sobre su persona.

“En Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, la Licenciada Gabriela Macías denunció a su ex pareja, actual Secretario de Gobierno del municipio Jorge Cruz, por violencia de género; física y psicológica. Esta denuncia fue presentada en el municipio de Río Gallegos y en la legislatura provincial. El juzgado de familia que tiene a cargo el caso dio lugar a la denuncia penal sobre el funcionario Jorge Cruz”, se argumenta en el proyecto. 

En relación a la presentación que pesa en su contra se explica que “en la misma se consideran hechos como la distribución de fotos íntimas, que involucran a la denunciante, en las que el mentado funcionario la “oferta” como prostituta en Facebook. Junto con este gravísimo hecho se encuentra en curso una investigación sobre el uso de bienes del Municipio ya que se sospecha que de allí habrían salido las publicaciones”.

“En función de estas denuncias y la investigación en curso, la Justicia ha establecido una orden de restricción de acercamiento del Sr. Cruz hacia su ex - pareja dando cuenta con ello de la dimensión de la gravedad del caso. A partir de las denuncias, y atenta a que no se tomaron cartas en el asunto por parte de la gobernación de la provincia que mantiene al funcionario acusado de estos gravísimos hechos en su puesto ejecutivo municipal, la denunciante elaboró una carta (que hizo pública) dirigida a la gobernadora Alicia Kirchner”, se expresa. 

A su vez, “en la misma la denunciante le solicita que tome posición respecto de la violencia institucional a la cual se encuentra sometida, teniendo en cuenta que las agresiones fueron perpetradas por un funcionario público que integra su gobierno, pero no ha tenido respuesta alguna por parte del gobierno provincial”. 

“El hecho de que continúe en funciones públicas un hombre sobre quien pesan estas gravísimas denuncias no hace más que poner en evidencia la responsabilidad del Estado y sus instituciones en este extenso flagelo que es la violencia contra las mujeres. Son muchas las organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres que han tomado contacto con la víctima denunciante y se han pronunciado. Queremos respaldar el reclamo de la denunciante y estas organizaciones que solicitan la remoción preventiva del Sr. Cruz a su cargo hasta tanto se expida al respecto la justicia”, concluye el proyecto.