Ayer, por unanimidad, el deliberativo emitió una resolución en la que insta a los ministerios de Seguridad y de Justicia de la Provincia a tomar cartas en el asunto.

Asimismo, pide que se giren las actuaciones a las comisiones de Seguridad de las dos cámaras de la Legislatura provincial. La del Senado está presidida por un pilarense, el massista Jorge D’Onofrio.

La resolución aprobada ayer fue presentada por la concejal Liliana Alfaya, del bloque kirchnerista. Pero tras su tratamiento en comisión, se decidió eliminar de la carátula el bloque iniciador para pasar la autoría al HCD en pleno.

Así, pide a los ministerios arbitrar los medios para determinar las circunstancias en las que se dieron los hechos, al tiempo que solicita colaboración en la contención de la familia de la víctima.

“Deberían interactuar todos los resortes de la democracia para dilucidar la posible existencia de un caso de violencia institucional por parte de la fuerza pública provincial que hubiere podido desencadenar la muerte del joven, y es menester que las diferentes instancias institucionales se comprometan en la búsqueda de la verdad”, sostiene el texto.

Entre los fundamentos del proyecto, se recuerda que “la comisaría no tiene habilitados los calabozos para alojar detenidos” y, en ese sentido, reprocha que “el accionar de la fuerza pública debe resguardar la integridad de los ciudadanos más allá de las causas que motivaran su detención”.

“Es imprescindible en un Estado democrático transparentar el funcionamiento y los métodos así como el cumplimiento de los derechos y garantías constitucionales por parte de la fuerza pública provincial en los procedimientos de detención de personas”.

Las dudas

Para los ediles, “resulta al menos llamativo que según los familiares, no habría indicios de conductas suicidas por parte del joven Miguel Ángel Durrels, que abonaran la teoría oficial del desarrollo de los acontecimientos”.

El abogado Eduardo Cantis, patrocinante de la familia Durrels, reveló que en las últimas horas, el fiscalJorge Strauss, a cargo de la investigación, tomó declaración a algunos testigos.

Los primeros fueron los agentes del Servicio de Asistencia Policial (SAP) que detuvieron a Durrels el domingo a la tarde, en las inmediaciones de la estación del ferrocarril San Martín, en Pilar.

También declaró uno de los compañeros de trabajo de Durrels en la chacra de polo Las Overas, de Pilar, uno de los últimos que lo vio con vida, antes de salir a comprar pan, el domingo a la mañana.

El abogado Cantis espera que en las próximas horas la fiscalía lo habilite como representante de la familia bajo la figura del particular damnificado, lo que lo habilitará a tener acceso completo al expediente y a solicitar medidas de prueba.

Una de las primeras que pediría, adelantó, sería la inspección ocular del calabozo de la comisaría donde estuvo detenido y fue hallado muerto Durrels.

“El homicida tiene que aparecer”, dijo Cantis, quien abona la teoría de la familia, que desde el principio descarta la versión oficial del suicidio. “Piensa mal y acertarás”, dijo el abogado, y se preguntó “cuántas veces se planta un delito y cuántas alguien es asesinado en un lugar y luego puesto en otro”, señaló.

La frase

“Estos son los mismos policías a los que les pedimos que patrullen más y nos cuiden. No podemos dejar de investigar cómo se produjo la muerte dentro de la comisaría”. Liliana Alfaya, concejal FPV.