El representante legal de la ex directora de la escuela Nº 44, situada frente al colmatado predio de disposición final de residuos, aseveró que peritos de la Suprema Corte elaboraron informes que indican que el colmatado basural de Mar del Plata “no debe seguir funcionando de ninguna manera y establecen una pauta de remediación esencial, inmediata e impostergable del mismo”.
En declaraciones a 0223.com.ar, el Dr. Daniel Mazzocchini, representante legal de Margarita Pérez, ex directora de la escuela Nº 44 y quien hace varios años inició acciones judiciales contra el municipio de General Pueyrredon en reclamo de la clausura y remediación del colmatado predio de disposición final de residuos; indicó que actualmente ”uno de los focos judiciales en contra de semejante arrebato de contaminación se tramita en el Juzgado del Dr. Arbizu, donde ya hay presentada una pericia realizada por los peritos de la Corte de la provincia de Buenos Aires y firmada por el Dr. Colángello, que dice que eso no debe seguir funcionando de ninguna manera y establece una pauta de remediación esencial, inmediata e impostergable”.
“De esto ya fue notificado el municipio y todas las partes, el expediente hay que cerrarlo ya mismo, es decir, el juez deberá sentar sentencia”, aseveró, a la vez que aclaró que eso sucedería una vez que ”la Corte determine quién es el que va a sustituir a Arbizu, alguien que lamentablemente no tenemos, no porque vaya a fallar a favor nuestro, sino porque realmente pocas veces he visto a un magistrado con tanto conocimiento para interpretar la ley de medioambiente como corresponde y con las pelotas que tuvo él”.
Según manifestó el letrado, los informes son “recientes” y constituyen “un dictamen muy bueno para el grupo ambiental que está trabajando en esto, pero también para la sociedad en general que está siendo víctima de la debacle, aunque no lo saben porque está en un frío papel acumulado en un estante de un Juzgado”.
En otro orden, Mazzocchini se refirió en duros términos al llamado a licitación que relizará el municipio con el objeto de situar el basural en el predio denominado ex “Venturino”. “Evidentemente hay alguna persona que es propietaria de esa tierra a la que le interesa que el basural se instale ahí para hacer un negocio privado con el poder público”, opinó.
Y apuntó: “Eso es un negociado, cualquier lego o cualquier persona se da cuenta de eso porque aparte es muy fácil de comprobar: en ningún lugar del mundo se instala un basural sobre otro basural, ¿o acaso se vio instalar un cementerio sobre otro cementerio? Salvo que haya algún socio de las autoridades municipales que desee vender ese predio a más de mil veces de lo que vale o ganar diez mil veces más de lo que podría ganar dándole a ese espacio un destino natural. Es una verdad tan enorme que todo el mundo debe verla”.
En ese marco, hizo hincapié en que a “un basural que genera lixividados durante décadas y los que la naturaleza va limpiando en 60 ó 70 años, meterle otro basural arriba termina pareciendo un castigo para la gente porque se trata de un sector de alta densidad poblacional en el que tampoco se han hecho estudios de la profundidad de las napas ni mediciones de la densidad de las capas para que no filtren los lixiviados, así como tampoco se van a hacer canalizaciones". Y graficó: “Es muy simple: se hace un pozo, se dicta un acto administrativo del poder público y se tira la basura, un gran negocio para el propietario del pozo”.
“El Juez Arbizu lo trató de morigerar desde el plano psicológico y también fue muy cuestionado. Ahora que se jubiló, lo que queda es la objetividad y eso es muy bueno porque, al margen de que esté objetada, es una pericia científica, con datos y estudios quiímicos, bioquímicos, físicos, etcétera. Hay que cerrar ese basural, no digo en lo inmediato, pero en un plano intermedio, desde lo judicial no va más”, subrayó.
“No se puede negar esto por más poder que tengan los poderes públicos. Y, en contrapartida, esta objetividad enorme genera a los jueces que tienen acumulados esos papeles la obligación irrenunciable de verlos. Es decir, lo que la gente huele, los jueces lo tienen que ver. Por los lixiviados, por el benceno, por el cáncer que genera, por los linfomas, por las leucemias y demás enfermedades terminales, ellos los tienen que ver”, sentenció
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