El estrépito que generó la imputación al intendente Ramón Mestre por defraudación a la administración pública, debido al supuesto desvío a la UTE 

Ersa-Autobuses Santa Fe de los subsidios que le correspondían a la empresa municipal Tamse, promete nuevos capítulos.

Las imputaciones judiciales sólo contemplan las supuestas irregularidades en subsidios que correspondían a ocho colectivos articulados que prestan servicio como trolebuses y que sin embargo fueron girados a la UTE. No obstante, el concejal Daniel Juez amplió la denuncia a otros 14 colectivos de Tamse que, pese a estar alquilados a Ciudad de Córdoba, también generaban subsidios a la UTE. 

Al promover acción penal contra Mestre; el actual secretario de Transporte, César Ferreyra; su antecesor en el cargo, Juan Pablo Díaz Cardeilhac; y el propietario de la empresa Ersa, Juan Carlos Romero, el fiscal federal Gustavo Vidal Lascano el martes reiteró cada uno de los datos aportados por el concejal Daniel Juez, quien denunció los hechos el 28 de marzo pasado. Pero el edil amplió su acusación dos meses después.

El 21 de mayo, Juez le llevó al fiscal otro listado de 14 colectivos propiedad de Tamse que desde marzo estuvieron alquilados a la entonces prestataria Ciudad de Córdoba. Sobre la base de las declaraciones juradas publicadas en la página web de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), el concejal denunció que la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe también cobró los subsidios nacionales al transporte por esos colectivos y el correspondiente cupo de acceso a gasoil subsidiado.

La ampliación de denuncia de Juez aporta los dominios de los colectivos, el contrato de alquiler de esas unidades de Tamse a la empresa Ciudad de Córdoba y las declaraciones juradas que en simultáneo adjudican a la UTE Ersa-Autobuses Santa Fe esos coches en el período marzo-mayo.

El fiscal aún no se expidió sobre esos hechos denunciados, pero los está analizando y todo indica que lo hará en el corto plazo, dada la similitud de los datos aportados por Juez en la denuncia original y la ampliación posterior.

“Se trata de toda información pública, que avala irregularidades que los exchoferes de Tamse también relatan, y que contribuye a confirmar datos elocuentes respecto a la intención de beneficiar al empresario Juan Carlos Romero, ya sea a traves de Ersa o de Lusa, que también es de su propiedad y fue contratada de modo directo para la recolección de la basura de media ciudad de Córdoba”, indicó ayer Daniel Juez.

Pese a la contundencia de los datos –toda la información de la denuncia está fundada en documentos oficiales– desde la municipalidad de Córdoba negaron taxativamente tanto la información de la denuncia original que dio lugar a las imputaciones, como la de la ampliación de la denuncia, y adjudicaron buena parte de la controversia político/judicial a la crónica desactualización de los datos que la CNRT.

Aunque en todo momento los representantes legales del municipio evitaron llevar la discusión jurídica al terreno político, recalcaron que el fiscal Vidal Lazcano no consideró ninguna de las explicaciones ni la documentación aportadas por la Municipalidad de Córdoba.

“Nunca hubo delito”

Las explicaciones técnicas ayer corrieron por cuenta del secretario de Transporte, César Ferreyra (al momento de los hechos investigados era subsecretario). Respecto de los datos de la ampliación de la denuncia de Juez y los 14 colectivos de Tamse que a la vez que estaban alquilados a Ciudad de Córdoba beneficiaban con subsidios a la UTE Ersa-Autobuses, el funcionario recalcó que se trata de un absurdo: “La UTE se disolvió el 28 de febrero y el denunciante sostiene que cobró subsidios indebidamente entre marzo y mayo. Es imposible. Lo único que queda en evidencia es la total desactualización de las declaraciones juradas que se publican en la web de la CNRT”, indicó.

Aclaró que, lejos de percibir los subsidios que le correspondían a otras empresas, Ersa y Autobuses Santa Fe estuvieron dos meses sin cobrar los propios subsidios. Indicó que eso ocurrió en marzo y abril, dado que la Secretaría de Transporte no actualizaba los datos, y seguía enviando los fondos a nombre de una UTE que ya no existía, por lo que la Secretaría de Transporte de la Provincia no giró esos recursos. “Es todo una enorme confusión proveniente de la desactualización de los datos nacionales”, reiteró.

Además, Ferreyra cuestionó la racionalidad de la imputación que lo afecta. “Para que haya delito de defraudación a la administración pública debe existir daño y acá en ningún momento se evidencia un perjuicio. La Nación pagó el mismo monto que venía pagando y Tamse siempre recibió lo que le correspondía, porque la UTE les giró los montos correspondientes a los colectivos articulados que prestan servicios como trolebuses”, indicó Ferreyra.

Puntos de vista

Daniel Juez (Concejal del bloque Frente Cívico). “El municipio cometió irregularidades graves en su afán de beneficiar a Ersa y a Lusa, empresas de Juan Carlos Romero. Es bueno que actúe la Justicia”.

Claudia Martínez  (Bloque del PJ). “Veníamos denunciando falta de transparencia en el manejo del transporte. Ahora hay que ser muy cautelosos porque está actuando la Justicia”.

Miguel Siciliano (Concejal del Bloque Eva Perón). “Se perjudicó al erario público porque es dinero de la gente que no va a los destinos correctos. Hay que esperar que la Justicia investigue, y ver que pasó”.

Lucas Cavallo (Concejal del Bloque radical). “Me parece que es un error la imputación, porque el municipio no maneja subsidios. Creo que el criterio del fiscal es equivocado y político”.